Las autoridades de la CGT y de las dos CTA concurrirán mañana a exponer ante la Comisión de Legislación del Trabajo de la Cámara de Diputados sobre una treintena de proyectos de reforma de la ley de Democracia Sindical impulsados por los diputados de la oposición dialoguista.
Estos proyectos buscan limitar la reelección indefinida, establecer la participación de las minorías y fijar la ficha limpia para los gremialistas.
Será la tercera reunión informativa sobre los cambios propuestos por legisladores de la UCR, PRO y La Libertad Avanza (LA), y donde expondrán dos de los tres cosecretarios generales de la CGT, Héctor Daer y Carlos Acuña, además de los titulares de la CTA de los Trabajadores, Hugo Yasky, y la CTA Autónoma, Hugo Godoy.
También plantearán su posición unos cuarenta abogados pertenecientes a universidades y diferentes entidades de letrados.
El debate de la reforma de ley de Asociaciones Sindicales se abrió el pasado 13 de agosto en la Comisión de Legislación del Trabajo, que preside Martin Tetaz (UCR), con la exposición de los autores de los 28 proyectos.
Esa tensa reunión culminó con el retiro de los legisladores de Unión por la Patria (UxP), que tiene cinco representantes de extracción sindical, y la izquierda, que rechazan de plano esas propuestas.
Tetaz es uno de los autores de los proyectos que estudia la comisión y que busca limitar las relecciones de los sindicalistas al disponer que «los mandatos no podrán exceder de cuatro (4) años y sus miembros podrán ser reelegidos por un solo período consecutivo», además de que «si han sido reelectos e igual cargo o de inferior jerarquía, no podrán ser elegidos nuevamente a ningún cargo electivo, sino con el intervalo de un período».
También fija que se garantizará «la representación de las minorías en los cuerpos deliberativos y directivos cuando obtengan más de un 25% de sus afiliados», y que ese principio de mayoría y minoría regirá para la integración de los órganos directivos y deliberativos, y de las comisiones internas de establecimientos, en caso de corresponder.
En otra iniciativa que presentó junto a otros legisladores, Tetaz busca prohibir a las asociaciones sindicales recibir ayuda económica de empleadores, ni de organismos políticos nacionales o extranjeros.
Esa iniciativa determina que tampoco podrán «establecer, exigir ni imponer aportes a los empleados de manera obligatoria. Para cualquier tipo de descuento del salario se requerirá autorización expresa del trabajador».
En tanto, otro de los proyectos está promovido por la diputada de la Coalición Cívica Marcela Campagnoli, quien está acompañada por diputados del PRO y la UCR. Esa iniciativa propone que los dirigentes sindicales que se presenten a ocupar un cargo no pueden haber integrado en los dos años previos a su elección ningún órgano de la AFA, la FIFA la Conmebol «y/o asociaciones civiles u otras formas de organización societaria cuyos equipos participen de los torneos de fútbol de primera división y primera División y Primera B Nacional».
También garantiza el cupo femenino y dispone que esa representación en los cargos electivos deberá ser de un mínimo del 30 por ciento, «cuando el número de mujeres alcance o supere ese porcentual sobre el total de los trabajadores».
En línea totalmente opuesta, desde UxP el sindicalista Hugo Yasky propone que los gremialistas «no podrán ser suspendidos, despedidos ni con relación a ellos podrán modificarse las condiciones de trabajo, si no mediare resolución judicial previa que los excluya de la garantía, conforme al procedimiento establecido en el artículo 47».
También fija el proyecto de su autoría que «el juez o tribunal interviniente, a pedido del empleador, dentro del plazo de cinco (5) días, podrá disponer, con el carácter de medida cautelar, la suspensión de la prestación laboral sin pérdida de remuneraciones, cuando la permanencia del cuestionado en su puesto o el mantenimiento de las condiciones de trabajo pudiere ocasionar peligro para la seguridad de las personas o bienes de la empresa».
Por su parte, el diputado del PRO Héctor Stefani impulsa un proyecto sobre «ficha limpia» gremial donde determina que no podrán formar parte de los órganos directivos ni ocupar cargos al interior de la organización, sin importar de que estos fueran o no electivos, «los condenados por los delitos de corrupción, tráficos de influencia, negociaciones incompatibles con la función pública, y por fraude en perjuicio de la administración pública».