El gobierno y el diputado opositor Esteban Paulón tuvieron en los últimos días una insólita coincidencia al plantear, desde veredas opuestas, proyectos legislativos que buscan un mismo objetivo: derogar la llamada «Ley del Lobizón», una norma de 1974 a través de la cual el Presidente apadrina al séptimo hijo varón o mujer. Las iniciativas se presentaron con menos de un mes de diferencia y deberán pasar por comisiones para poder ser discutidas en el Congreso.
En rigor, el primero en presentar un proyecto para dejar sin efecto la ley fue Paulón, que llevó la iniciativa al Congreso en septiembre de 2024, poco después de asumir su banca. En diálogo con Clarín, el diputado recordó que en ese momento el texto incluso llegó a pasar por comisiones y que tuvo apoyo de varios sectores, pero que finalmente no fue tratado en el recinto. Por ese motivo, hace pocos días volvió a presentarlo.
Del lado del Gobierno, el pedido también fue presentado en 2024, pero en octubre, como un punto más dentro del proyecto de «Ley de derogación de legislación obsoleta – ‘Ley de hojarasca'» que en ese momento llevaba las firmas del presidente Javier Milei, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, y el entonces jefe de Gabinete Guillermo Francos. La iniciativa tampoco se trató en ese momento, pero el 25 de marzo de este año volvió a ser presentada, esta vez con la firma del nuevo ministro coordinador, Manuel Adorni.
Según cuenta Paulón en su proyecto, la idea de que el Presidente apadrine al séptimo hijo de un matrimonio tiene un primer antecedente en el país en el año 1907, cuando José Figueroa Alcorta accedió al pedido de una pareja de inmigrantes alemanes al apadrinar a su séptimo hijo varón. «La petición invocaba un ritual de la época de la zarina Catalina ‘La Grande’, a través del cual el padrinazgo imperial daba ‘protección mágica’ frente a la creencia de que el séptimo hijo varón se convertiría en lobizón, y la séptima hija mujer se convertiría en bruja, evitando así el abandono de la persona por parte de su familia», cuenta el diputado en los fundamentos de su iniciativa.
Más de 50 años después, en 1973 y durante el último gobierno de de Juan Domingo Perón, llegaría un decreto que en 1974 sería convertido en Ley y le daría formalidad a la iniciativa. En ese momento, el padrinazgo se concedería al séptimo hijo varón y/o a la séptima hija mujer, por orden cronológico de nacimiento. Una familia podía estar conformada por esa cantidad de hijos o por una superior, pero solo se le otorgaría el beneficio cuando tuviera siete hijos de igual sexo.
Más tarde, durante el Gobierno de Isabel Perón, el padrinazgo presidencial dio un paso más, cuando una ley estableció que sus beneficiarios poseen el derecho a que el Estado nacional les asegure la realización gratuita de los estudios, desde el nivel primario hasta el universitario, inclusive.
En 2009, la ex presidenta Cristina Kirchner modernizó la ley mediante un decreto en el que, entre otros cambios, le quitó la obligatoriedad de que el séptimo varón o la séptima mujer deban ser consecutivos para recibir el beneficio.
Según sostiene Paulón, en la actualidad la ley «casi no tiene efecto práctico». «Es una ley que tiene no muchos beneficiarios y beneficiarias en el país», afirma el diputado, quien plantea además que, de aprobarse el proyecto, no afectará a quienes ya perciben el beneficio sino a los futuros hijos de una misma pareja con descendencia numerosa.
«Se sostiene el beneficio a los que ya cobran, se irá extinguiendo con el tiempo y eventualmente para familias numerosas habrá que pensar otras políticas públicas«, agregó el diputado.
El proyecto de Milei para eliminar el padrinazgo presidencial
El proyecto del Gobierno no dista mucho de lo planteado por Paulón: sostiene que la ley está entre una serie de normas que «resultan obsoletas» ya que concede al apadrinado «la gratuidad de la educación, siendo que la educación pública gratuita ya es un beneficio general en nuestro país, junto con otras prestaciones sociales».
«La educación pública es por definición gratuita para el alumno. Asimismo, en la actualidad, en caso de corresponder, el Estado presta una ayuda económica a través de la Asignación Universal por Hijo (AUH). Por lo tanto, esta norma no tiene aplicación práctica en la actualidad sin perjuicio de lo cual se respetarán los beneficios de quienes hoy cuentan con ellos», agregan desde el Ejecutivo.
Según un relevamiento que hizo Clarín en 2023, los ahijados presidenciales eran en ese momento alrededor de 11.000. La Ley de Padrinazgo -y sus modificaciones- actualmente establecen la entrega de una medalla y un diploma, el envío de una comitiva con el edecán para el bautismo y una escueta beca estatal -solo con fines educativos- para el apadrinado que solicite acceder al beneficio.
En la carrera para aprobar la iniciativa, el Gobierno lleva una ligera ventaja, ya que este martes las comisiones de Asuntos Constitucionales y Legislación General de la Cámara de Diputados emitieron dictan al proyecto de Ley Hojarasca.
Quedará ahora en manos del Congreso decidir si esta vez trata alguna de las iniciativas. Aunque, sostiene Paulón, «el tema es si es prioritaria o no esa ley».
Fuente: Clarín