El gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, anunció que el año 2026 estará marcado por un proceso de transformaciones institucionales en la provincia. Así lo expresó durante su discurso de Apertura de la Asamblea Legislativa, donde puso especial énfasis en la necesidad de avanzar con cambios estructurales, entre ellos la tan mencionada reforma electoral y la regularización de organismos públicos que permanecen intervenidos desde hace décadas.
El mandatario sostuvo que su gestión buscará impulsar modificaciones de fondo en el funcionamiento del Estado provincial. En ese marco, afirmó que uno de los objetivos será terminar con la intervención prolongada de distintos entes autárquicos, algunos de los cuales permanecen bajo esa condición desde la década de 1990.
Actualmente existen al menos seis organismos en esta situación: el Instituto de Previsión y Seguridad Social de Tucumán (Ipsst), conocido como Subsidio de Salud, intervenido desde 1990; el Instituto Provincial de la Vivienda y Desarrollo Urbano (Ipvdu), desde 1991; el Instituto Provincial de Acción Cooperativa y Mutual (Ipacym), desde 1998; el Instituto Provincial de Lucha contra el Alcoholismo (IPLA), desde el año 2000; la Caja Popular de Ahorros, intervenida desde 2003; y el Ente Único de Control y Regulación de los Servicios Públicos Provinciales de Tucumán (Ersept), cuya intervención se dispuso en 2024 durante la actual administración.
Durante su exposición del 1 de marzo, el titular del Poder Ejecutivo destacó como antecedente la regularización de las Juntas de Clasificación Docente, que —según remarcó— permanecieron durante 17 años integradas únicamente por representantes designados por el Ejecutivo. Jaldo cuestionó ese esquema y afirmó que, en la práctica, implicaba que las designaciones docentes se realizaran de manera discrecional.
El gobernador también señaló que se avanzó en algunos cambios institucionales en coordinación con el Poder Legislativo, presidido por el vicegobernador Miguel Acevedo, aunque reconoció que aún quedan reformas pendientes por profundizar.
En su discurso, Jaldo planteó una hoja de ruta para su administración en los próximos meses. “Si el 2025 fue el año de la obra pública, el 2026 tiene que ser el año de las transformaciones en las instituciones de Tucumán”, afirmó el mandatario, al tiempo que aseguró estar dispuesto a impulsar las decisiones necesarias junto a la Legislatura provincial.
Consultado posteriormente en conferencia de prensa sobre la situación de los organismos intervenidos, el gobernador confirmó que mantiene conversaciones con el vicegobernador Acevedo para avanzar en su normalización. “La decisión nuestra es tratar de normalizarlos de una vez por todas”, expresó, al señalar que estas intervenciones llevan “muchos años” y que forman parte de una reorganización institucional más amplia.
Actualmente, las autoridades de estos entes son designadas directamente por el Poder Ejecutivo mediante decretos. El ejemplo más reciente ocurrió en enero, cuando se nombró al contador Guillermo Norry —ex interventor de la Municipalidad de Alberdi— como interventor de la Caja Popular de Ahorros.
El reclamo por la regularización de estos organismos no es nuevo en la política tucumana. Desde hace años distintos sectores cuestionan que algunos entes estatales permanezcan intervenidos durante largos períodos, superando incluso las tres décadas.
En 2007, la Legislatura provincial había aprobado una ley que establecía la normalización de estas entidades, pero el entonces gobernador José Alperovich decidió vetar la norma. Más adelante, durante el inicio del primer mandato de Juan Manzur, también surgió el compromiso de avanzar en esa dirección, aunque finalmente las intervenciones continuaron sin cambios.
El tema incluso llegó a los tribunales. En abril de 2015, el entonces legislador Alberto Colombres Garmendia (PRO) presentó una acción de amparo ante la Sala II del Fuero Contencioso Administrativo para exigir el levantamiento de las intervenciones en el Subsidio de Salud, el Ipvdu y el IPLA, argumentando el tiempo prolongado de esas medidas.
En 2020, la Sala II falló a favor del planteo con dos votos afirmativos y uno en disidencia, otorgando un plazo de 60 días al Poder Ejecutivo para regularizar la situación. Sin embargo, el gobierno de Manzur apeló la decisión y el expediente llegó a la Corte Suprema de Tucumán mediante un recurso de casación. En 2024, el máximo tribunal provincial dejó sin efecto la resolución de primera instancia.
Tras esa decisión judicial, Colombres Garmendia anunció su intención de llevar el caso ante la Corte Suprema de la Nación, manteniendo abierta una disputa institucional que lleva varios años.
En este escenario, la promesa de avanzar con la normalización de los entes intervenidos vuelve a instalarse en la agenda política tucumana. La incógnita ahora es si el anuncio del gobernador se traducirá finalmente en reformas concretas o si el debate volverá a quedar atrapado entre tensiones políticas y disputas judiciales.
Fuente: Contexto