Para que sea efectivo, el plan de austeridad fiscal debe ser asumido por los distintos organismos públicos. Al menos eso es lo que pregona el gobernador Osvaldo Jaldo, tras dar a conocer que ahorrará unos $ 220.000 millones el año que viene, con la reformulación del proyecto de Presupuesto respecto del que a fines de octubre había enviado el ex mandatario Juan Manzur.
Jaldo ha sido muy cuidadoso respecto de la situación de los otros poderes del Estado. Ante la consulta periodística, el titular del Poder Ejecutivo indicó que tanto la Legislatura como el Poder Judicial tienen la independencia para definir sus políticas respecto del manejo de las cuentas públicas. Distinta es la situación de los municipios que reciben fondos de la Casa de Gobierno en el marco del Pacto Social.
El gobernador y el ministro del Interior, Darío Monteros, convocaron para esta noche a los jefes municipales a una cumbre que se hará en una residencia de El Cadillal, con el fin de analizar los alcances de la reformulación del esquema de ayudas a las intendencias por parte de la Casa de Gobierno. Según pudo establecer LA GACETA, las invitaciones se extenderán a los anteriores intendentes.
En el marco de las medidas de austeridad fiscal, el mandatario había dicho esta semana que a partir del 1 de enero del año que viene expirará el Pacto Social. “Si bien vino solucionando muchos problemas en municipios que no podían pagar sueldos, pero del mismo modo, vino produciendo un endeudamiento muy importante a través de los años. Consensuaremos otra metodología”, señaló el martes último.
El Poder Ejecutivo distribuye alrededor de $ 10.000 millones mensuales para que las intendencias puedan afrontar el pago de los salarios de sus empleados, costear gastos en servicios y ejecutar obras públicas en cada una de las jurisdicciones. Ese esquema dejará de existir el último día de este 2023, según se anticipó oficialmente. Cómo se ejecutará esa situación es lo que se hablará esta noche, en la reunión a la que también fue invitado el ex ministro del Interior y actual vicegobernador Miguel Acevedo.
Una posibilidad es que el Gobierno refinancie la deuda de arrastre de las Municipalidades y contribuir financieramente para ayudar a abonar salarios, mientras cada jurisdicción se pone a tono con aquello de no gastar más de lo que ingresa. En el camino, el Ministerio del Interior está realizando un informe acerca de la situación financiera de cada distrito, con el fin de establecer, fehacientemente, cuál es el grado de autonomía financiera que puede llegar a tener hacia el mediano plazo.
Fuente: La Gaceta