El gobierno de Javier Milei puso en marcha su estrategia legal en el reclamo por la expropiación de YPF. Los abogados de la Argentina presentaron este jueves un escrito ante la Corte de Apelaciones de Nueva York en el que dieron los motivos por los que piden la revocación del fallo condenatorio de primera instancia, que obliga al país a pagar más de US$16.000 millones.
Los argumentos ya habían sido anticipados por la defensa argentina en una declaración previa a la apelación en la que formuló siete preguntas sobre ejes que los abogados pretendían discutir acerca del procedimiento y el fallo en primera instancia de la jueza Loretta Preska.
La Argentina finalmente centró su estrategia en que el foro judicial de Nueva York no era el lugar apropiado para hacer el reclamo por la expropiación de YPF y en la interpretación errónea de las leyes locales. Sebastián Maril, analista de Latam Advisors, recopiló los puntos principales de la argumentación.
Los abogados que representan al país dijeron que la decisión de Preska debería revertirse porque “el tribunal aplicó erróneamente la legislación pública y privada argentina al respaldar los reclamos de los demandantes por incumplimiento de contrato”.
“El tribunal otorgó el fallo a favor de los demandantes, interpretando preguntas complejas de la ley argentina y, en su mayoría, estableciendo nueva jurisprudencia argentina a favor de los demandantes en casi todos los aspectos”, sostuvo el escrito.
Y agregó que el reclamo nunca debería haber llegado a los tribunales de Nueva York, ya que la demandada es la Argentina, por eventos que ocurrieron en el país y que todas las partes están de acuerdo en que las demandas deben ser analizadas bajo la óptica de la ley local.
La Argentina argumentó que el monto de la sentencia resulta “inflado”
Con respecto al monto de la sentencia, que la jueza Preska estableció en US$16.100 millones -y que suman intereses diariamente- la Argentina consideró que el tribunal de primera instancia “infló enormemente los daños de los demandantes”. En ese sentido, sugirió que se deberían haber convertido los daños de pesos argentinos a dólares estadounidenses utilizando el tipo de cambio vigente en la fecha del fallo, el 15 de septiembre de 2023”.
“Si un tribunal extranjero permitiera a los demandantes demandar al gobierno de los Estados Unidos bajo la ley estadounidense por conductas que ocurrieron en los Estados Unidos, creara una causa no previamente reconocida por los tribunales estadounidenses, y luego dictara un fallo de más de US$2 billones (la proporción equivalente del gasto federal de los Estados Unidos el año pasado), el gobierno de los Estados Unidos, el sistema legal estadounidense y la comunidad internacional estarían justamente sorprendidos”, ejemplificaron los abogados de la Argentina extrapolando el caso a los números de la economía del país del norte.
Las preguntas de la defensa
La forma de proceder en el caso de una apelación es hacer preguntas. En este caso, según recopiló Maril, la Argentina formuló tres interrogantes principales:
1-Si el tribunal de distrito, es decir, la jueza Preska, cometió un error al ejercer jurisdicción sobre estos casos, que involucran las demandas de accionistas de una empresa argentina bajo la ley argentina contra la República Argentina, ya sea por cuestiones de foro no conveniente o de reconocimiento de leyes de otro país.
2-Reclamó que el tribunal reconoció una acción sin precedentes por el incumplimiento de contrato para reclamar daños bajo la ley argentina, interpuesta por un accionista contra otro accionista por una presunta violación de los estatutos corporativos; que permitió a los demandantes buscar indemnización, a pesar de que el 3-Código Civil argentino limita ese resarcimiento; que permitió a los demandantes a presentar reclamos, aunque la República “adquirió” el título de las acciones de YPF de Repsol en 2014 después de que ellos ya no las tuvieran en sus manos.
4-Si, como mínimo, el tribunal de distrito cometió un error al calcular los daños de los demandantes, al no aplicar la regla del día del fallo para la conversión de moneda; y al aplicar la fecha incorrecta de incumplimiento y la tasa incorrecta de interés previo al fallo según la ley argentina.
Aunque ya se presentaron los argumentos de la apelación argentina, Maril advirtió que no lo más probable es que no haya fallo de la Corte hasta septiembre u octubre de este año. Además, recordó que aproximadamente un 90% de las apelaciones dejan firme la sentencia de primera instancia.