Julio De Vido, ex ministro de Planificación Federal durante los gobiernos kirchneristas, se presentó en los tribunales de Comodoro Py y quedó formalmente detenido para comenzar a cumplir la condena de cuatro años de prisión que le fue impuesta por su responsabilidad en la Tragedia de Once.
La decisión se produjo luego de que la Corte Suprema de Justicia rechazara las apelaciones presentadas y dejara firme la condena por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública. El Tribunal Oral Federal (TOF) N°4, a cargo de la ejecución de la pena, desestimó el pedido de prisión domiciliaria solicitado por la defensa.
La confirmación de la condena por la Corte Suprema, con los votos de los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, puso fin a un largo proceso judicial que buscaba determinar las responsabilidades por el siniestro ferroviario que en 2012 segó la vida de 51 personas y dejó más de 700 heridos.
La defensa legal de De Vido
El abogado de De Vido, Maximiliano Rusconi, calificó la decisión judicial como «arbitraria y violatoria de los derechos humanos fundamentales». Además anunció que recurrirá al Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias (WGAD) del Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra.
Rusconi argumentó que la Corte rechazó «un recurso de queja en el cual esta defensa cuestionaba la legitimidad y el monto de la pena impuesta por la Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal, con velocidad sospechosa y oportunismo evidente». En un comunicado, la defensa técnica de De Vido insistió en que la sentencia era «injustificada y arbitraria».
La condena original a De Vido fue dictada en 2018 por el TOF N°4. Si bien fue absuelto del delito de estrago culposo (directamente relacionado con las muertes y lesiones), el tribunal lo halló culpable de administración fraudulenta. Se determinó que, como ministro de Planificación, De Vido incumplió su deber de controlar el uso de los fondos públicos destinados a Trenes de Buenos Aires (TBA), la empresa concesionaria que operaba la línea Sarmiento.
Aquella vez, el tribunal consideró probado que el Ministerio de Planificación, bajo la dirección de De Vido, omitió supervisar el destino de los fondos a pesar de las reiteradas advertencias sobre el deterioro y mal funcionamiento del servicio ferroviario.
La Cámara Federal de Casación Penal ratificó la condena y, en 2024, la Corte Suprema confirmó la responsabilidad penal del ex funcionario, aunque ordenó revisar el monto de la pena, que finalmente se fijó en cuatro años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. Con este último revés judicial, la defensa de De Vido vio frustrados sus intentos por declarar la prescripción del expediente.
La Tragedia de Once, ocurrida el 22 de febrero de 2012, se produjo cuando una formación del tren Sarmiento no logró frenar al llegar a la estación terminal de Once, y chocó contra los paragolpes. La confirmación de la condena a De Vido marca un punto clave en la búsqueda de justicia para las víctimas y sus familiares, quienes durante años han reclamado que se establezcan las responsabilidades por la negligencia y corrupción que contribuyeron a la tragedia.