La Argentina reclamó una intervención “inmediata” de la Corte Penal Internacional (CPI) ante el “deterioro” de la situación en Venezuela y pidió avanzar con órdenes de arresto contra los principales responsables de los crímenes de lesa humanidad atribuidos al gobierno de Nicolás Maduro.
El cruce con Caracas marcó uno de los momentos más tensos en la apertura de la Asamblea de Estados Parte del tribunal, que se desarrolla en La Haya, Países Bajos.
El representante argentino ante la CPI, Diego Emilio Sadofschi, sostuvo que “la situación en Venezuela, que se ha deteriorado aún más tras las fraudulentas elecciones de julio de 2024, exige una atención inmediata” y lamentó que “desde que la Oficina del Fiscal anunciara en noviembre de 2021 la conclusión del examen preliminar sobre la situación en Venezuela, ha habido pocos avances”.
Ante el plenario, advirtió que “las detenciones arbitrarias, los tratos inhumanos y otros crímenes contra la humanidad que perpetra el régimen venezolano requieren investigaciones rigurosas pero expeditivas, incluyendo el dictado de órdenes de arresto contra sus principales responsables”.
Según recordó, la Fiscalía abrió formalmente la investigación en 2021, tras años de denuncias elevadas por varios países, incluida Argentina. “No debemos permitir que la falta de resultados prolongue el sufrimiento de las víctimas”, planteó Sadofschi en su intervención, donde también subrayó que el avance del caso es clave para preservar la credibilidad del sistema internacional de justicia.
La respuesta venezolana fue inmediata. El embajador Héctor Constant Rosales acusó a Buenos Aires de “politizar de forma altisonante” la conferencia y de atacar “de manera inoportuna” la legitimidad del gobierno de Maduro.
También calificó de “vergonzosa” la conducta argentina en organismos multilaterales y señaló que el país “ha votado recientemente contra varias resoluciones de la ONU sobre derechos humanos”, incluida una adoptada el 20 de noviembre sobre tortura y tratos crueles. Esa posición, sostuvo, sitúa a la administración de Javier Milei como “un falso defensor de derechos humanos”.
El intercambio marcó el tono de una sesión ya cargada, en el inicio de una semana clave en la que la CPI examina el estado de sus pesquisas y el nivel de cooperación de los Estados Parte, en particular respecto de la ejecución de órdenes de arresto.
En paralelo a las tensiones diplomáticas, la Fiscalía de la CPI anunció que cerrará su oficina en Caracas por la falta de “progreso real” en materia de “complementariedad”, el principio que obliga al país investigado a llevar adelante procesos serios antes de que intervenga el tribunal.
La Corte reiteró que el sistema judicial venezolano no demostró avances sustantivos y recordó que en 2023 ya había rechazado los intentos de Caracas de frenar el caso.
Ante las críticas, Sadofschi aclaró que la decisión argentina de no bloquear el consenso en la Asamblea “no debe interpretarse como un gesto hacia Venezuela”, sino como una demostración del “compromiso” del país con la CPI y con el funcionamiento de la Asamblea, especialmente en las negociaciones vinculadas a los Estados en situación de impago.
La investigación sobre Venezuela fue abierta en 2018 y abarca presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos desde 2017.