La Corte Penal Internacional emitió el jueves órdenes de detención contra el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, su ex ministro de Defensa y funcionarios de la organización extremista Hamas, acusándolos de crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad por la guerra en Gaza y los ataques de octubre de 2023 que desencadenaron la ofensiva de Israel en el territorio palestino.
La decisión convierte a Netanyahu y a los demás en sospechosos buscados internacionalmente y probablemente los aislará aún más y complicará los esfuerzos para negociar un alto al fuego que ponga fin al conflicto de 13 meses.
Sin embargo, sus implicaciones prácticas podrían ser limitadas, ya que Israel y su principal aliado, Estados Unidos, no son miembros de la corte y varios de los funcionarios de Hamas han sido posteriormente asesinados en el conflicto.
Netanyahu y otros líderes israelíes han condenado la solicitud de órdenes de arresto del fiscal de la CPI, Karim Khan, como vergonzosa y antisemita. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, también criticó al fiscal y expresó su apoyo al derecho de Israel a defenderse de Hamas. El grupo ultraislámico palestino también criticó el pedido de la Corte.
“El tribunal consideró que existen motivos razonables para creer que ambos individuos privaron intencional y conscientemente a la población civil en Gaza de objetos indispensables para su supervivencia, incluyendo alimentos, agua y medicinas y suministros médicos, así como combustible y electricidad”, escribió el panel de tres jueces en su decisión unánime de emitir órdenes de detención para Netanyahu y su ex ministro de defensa, Yoav Gallant.
La respuesta de Israel
El Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel dijo en septiembre que había presentado dos informes legales desafiando la jurisdicción de la CPI y argumentando que la corte no proporcionó al Estado hebreo la oportunidad de investigar las acusaciones por sí mismo antes de solicitar las órdenes.
“Ninguna otra democracia con un sistema legal independiente y respetado como el que existe en Israel ha sido tratada de esta manera perjudicial por el fiscal”, escribió en X el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Oren Marmorstein. Afirmó que Israel permanece “firme en su compromiso con el Estado de derecho y la justicia” y continuará protegiendo a sus ciudadanos contra los milicianos de Hamas.
La CPI es un tribunal de última instancia que sólo procesa casos cuando las autoridades de aplicación de la ley nacionales no pueden o no quieren investigar. Israel no es un estado miembro de la corte. El país ha tenido dificultades para investigarse a sí mismo en el pasado, dicen los grupos de derechos humanos.
A pesar de las órdenes, es poco probable que los sospechosos enfrenten pronto a los jueces en La Haya. La propia corte no tiene policía para hacer cumplir las órdenes, y en su lugar depende de la cooperación de sus estados miembros.
Fuente: AP