La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) comenzó hoy con un plan de lucha en reclamo de despidos que incluye la toma de edificios públicos, paro y movilizaciones. Con motivo de la protesta, se montó un importante operativo de custodia y desde el Gobierno advirtieron que “si alguien comete un delito va a haber represión”.
Efectivos de la Policía Federal, Prefectura y Gendarmería custodiaban desde anoche los edificios del Ministerio de Capital Humano, donde funcionan las secretarías de Trabajo y de Educación, el Ministerio de Relaciones Exteriores y dependencias estatales como el Conicet y el Servicio Meteorológico Nacional.
«Comienza el día y ya vemos a las fuerzas de seguridad más ocupados en amedrentar trabajadores que en sus propias funciones como combatir el narcotráfico», señalaron desde ATE en redes sociales.
La protesta se da en el marco de 11 mil despidos contabilizados por ATE, número que se aproxima a los que había anticipado el Gobierno previo a Semana Santa: “El universo de contratos analizados es de algo más de 70.000; de esos, hay 15.000 que serán dados de baja al 31 de marzo. El resto se renovará por otros seis meses y luego se seguirá avanzando», había expresado el vocero presidencial Manuel Adorni.
Ante las amenazas del plan de lucha, un importante funcionario del Gobierno sostuvo que “si están despedidos ya no es más su lugar de trabajo. Que protesten en la vereda”.
“Mientras se respete la ley, todos tienen derecho a protestar. Ahora, si alguien comete un delito va a haber represión. Las protestas son válidas, lo que no es válido es el delito”, indicó la misma fuente a NA.
En esa misma línea se había expresado el ministro de Defensa, Luis Petri: “Los que intenten tomar edificios públicos van a ser denunciados penalmente y los vamos a llevar hasta las últimas consecuencias. Que se hagan responsables, llegó el momento que quienes cometen delitos se hagan responsables. El imperio de la ley es para todos”, puntualizó en declaraciones al canal Todo Noticias.
El artículo 181 bis del Código Penal establece penas de 3 a 5 años de prisión al que “empleare violencia o intimidación sobre las personas, turbare, destruyere u alterare los términos o límites de la cosa inmueble, para ocupar la misma despojando total o parcialmente de la posesión o tenencia, o del derecho real constituido sobre él”.
Por su parte, el sindicalista Rodolfo Aguiar, titular de ATE, sostuvo en una entrevista televisiva: “Delito no es lo que vamos a hacer, delito es gobernar a espaldas del Congreso, contrariamente a la Constitución nacional y perjudicando al pueblo”.