Lorena Andrade, madrastra de Ángel, el niño de cuatro años fallecido a principios de abril en Comodoro Rivadavia, denunció a través de un video en sus redes sociales el estancamiento de la causa judicial y confirmó que el cuerpo del menor aún permanece en la morgue.
La declaración de la mujer se produjo días después de que una pericia médica indicara que la causa de muerte fue una neumonía bilateral, un resultado que la querella —liderada por el abogado Roberto Castillo— rechazó al sostener que existen pruebas de maltrato y abandono, por lo que exigen la detención de los funcionarios públicos que intervenían en la guarda del menor.
Lorena utilizó sus redes sociales para hacer una fuerte denuncia que fue replicada por el portal local ADN Sur. “Cada día duele más”, indicó la mujer.
En un intento por mantener viva la memoria de Ángel y visibilizar el reclamo, en los últimos días salieron junto a familiares y amigos a pegar carteles con el rostro del menor por distintas zonas de la ciudad chubutense.
Sin embargo, el dolor mutó en indignación cuando descubrieron que varias de esas imágenes habían sido arrancadas y vandalizadas. “Duele que rompan su imagen”, expresó con la voz entrecortada, sintiendo que cada cartel destruido es un nuevo ataque al nene.
Para Lorena y su entorno, no existen dudas técnicas ni atenuantes médicos: a Ángel lo mataron. “Fue asesinado”, reafirmó con contundencia, rechazando cualquier intento oficial de enfriar la causa judicial bajo la etiqueta de una muerte natural o un cuadro clínico aislado.
Las dos caras de la investigación
Hasta el momento, la investigación se movía sobre dos ejes. Por un lado, la hipótesis del maltrato, basada en los 22 hematomas internos detectados inicialmente, que sugerían un patrón de violencia sistemática.
Por otra parte, la falla estatal. La mira puesta en el juez de familia que otorgó la tenencia a la madre biológica pese a las advertencias del entorno del niño y del propio Ángel, quien habría manifestado en varias ocasiones que no quería ir a esa casa.
d de los cuidadores por abandono de persona o negligencia criminal al no haber buscado asistencia médica, o si efectivamente se trató de una muerte natural, lo que podría derivar en el sobreseimiento de los detenidos.