Lejos de imponer condiciones o negarse a una eventual convocatoria del Gobierno con el aparente fin de encontrar consensos, la Iglesia mantiene la disposición a “propuestas de diálogo fructífero que surjan para el bien de todos”. Así lo expresó un vocero del Episcopado, al revelar que lo que más preocupa hoy en la Argentina es que “los sectores más importantes de la política no puedan sentarse en la misma mesa y estén impedidos de conversar o llegar a acuerdos sobre temas urgentes”.
El aumento de la pobreza, el drama de la inflación, los desencuentros que frenen “la amistad social”, en un contexto de profunda crisis, son las principales demandas que exigen la búsqueda de acuerdos.
En esa línea se expresó el presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, el obispo Oscar Ojea, al reclamar “hechos y gestos concretos, más que palabras”, en el mensaje que transmitió el martes último en la reunión a la que fueron invitados las instituciones religiosas por el Consejo Económico y Social, que preside Mercedes Marcó del Pont.
“Nosotros no vamos a poder dialogar si no se aprende a escuchar. La identidad no se consolida, ni se afirma en la confrontación. No se puede estar continuamente acentuando la diferencia”, sermoneó el obispo Ojea en el Salón de los Pasos Perdidos, ante los gremialistas Hugo Moyano y Abel Frutos, y los empresarios Daniel Funes de Rioja y Natalio Grinman, entre otros dirigentes que integran el organismo. Las otras instituciones religiosas, que representan a cultos evangélicos y organizaciones judías, coinciden en que “la convocatoria al diálogo para la convivencia democrática es importante”.
El error de Luján
Ante una consulta de LA NACION, en el Episcopado insisten en que “no hay ninguna intención de dinamitar los puentes de diálogo”, aunque algunas voces proponen a sus compañeros obispos “estar más atentos para discernir en cada caso si conviene acceder o no, para evitar efectos contraproducentes como el que se produjo en Luján”.
La advertencia está dirigida a “estar atentos” y no repetir errores como la convocatoria realizada en septiembre para rezar por la patria, tras el atentado a Cristina Kirchner, en la Basílica de Luján, que fue copada por el kirchnerismo, lo que obligó al arzobispo local, Jorge Eduardo Scheinig, a “pedir disculpas” por la confusión que generó la organización que rodeó a la misa.
“Todos estaremos más atentos. Pero esas cosas las tiene que discernir cada obispo en su diócesis”, señaló una fuente eclesiástica. El escándalo de Luján se potenció porque la basílica es un santuario nacional y excede el ámbito de una diócesis.
“Hay que cuidar el espacio de Luján como lugar de unidad entre los argentinos y evitar que sea cooptado por un sector”, completó el vocero, aunque hay consenso en que no se deben cerrar a priori las puertas al diálogo.
En razón de ello, tanto los obispos que conducen el Episcopado como los que actúan en Pastoral Social no se niegan a pedidos de audiencia y acceden a reuniones con dirigentes oficialistas y también con opositores, preferentemente en reserva.
En medio de los ruidos, interferencias y grietas, valoran algunas señales que muestran signos de acercamiento entre el oficialismo y la oposición, como los casos de la renuncia del senador Esteban Bullrich, cuando proclamó –con la asistencia de una aplicación- que “es mucho más lo que nos une que lo que nos divide”, y los acuerdos que llevaron a la sanción de la continuidad de la ley de registros de barrios populares.
A comienzos de noviembre, cuando estaban reunidos en la asamblea plenaria del Episcopado, los obispos le enviaron una carta al papa Francisco, en la que hicieron referencia a estos “tiempos duros, en los que todo es interpretado de modo sesgado y según miradas e intereses que nos son ajenos”.
Un mes antes, Francisco advirtió que “nada importante, ni estable se logrará con la polarización agresiva”, en un mensaje enviado al arzobispo de La Plata, Víctor Manuel Fernández.