El presidente Javier Milei y su ministro de Economía, Luis Caputo, están obsesionados con el desguace del área de Discapacidad ante el altar del equilibrio fiscal. En ese camino congelaron desde el inicio de su gestión el nomenclador de prestaciones y tras la crisis que esto generó intentaron sin éxito vetar la Ley de Emergencia en Discapacidad que se aprobó en el Congreso para darle una respuesta a uno de los sectores más sensibles al paso de la motosierra libertaria. A pesar de ello, e ignorando los fallos judiciales adversos a la política de ajuste del gobierno de La Libertad Avanza, en Casa Rosada siguen sin cumplir con la ley. Ahora el tándem Milei-Caputo dio un paso más en su camino por librar a su suerte a todas aquellas personas que cuentan con el Certificado Único de Discpacidad (CUD) e incluyeron en el proyecto de ley del Presupuesto 2027 la eliminación, lisa y llana, del Nomenclador Nacional de Discapacidad.
El artículo 39 del Presupuesto 2027 modifica el artículo 7 bis de la Ley 24.901 que creó en 1997 el Sistema de Prestaciones Básicas en Habilitación y Rehabilitación Integral a Favor de las Personas con Discapacidad.
El artículo 7° bis de la Ley 24.901 es el que establece que los valores de los aranceles del Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral a favor de las Personas con Discapacidad deben ser iguales para todas las personas jurídicas obligadas. Es decir que sin importar que obra social o prepaga se tenga, todas deben garantizar las mismas prestaciones y un mismo piso para todas por debajo del cual no podrán pagar a sus prestadoras.
Ahora Milei y Caputo quieren eliminar este punto clave y dejar librada a cada obra social y prepaga la posibilidad de definir por sí misma qué prestaciones ofercerá y cuáles no y cupanto pagará por cada una de ellas.
El Artículo 39 del Presupuesto 2027 determina que «el Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral a favor de las Personas con Discapacidad deberá garantizar la universalidad de la atención mediante la integración y coordinación de políticas públicas, recursos institucionales y mecanismos de financiamiento afectados a la materia. La universalidad consistirá en asegurar el acceso efectivo, oportuno y de calidad a las prestaciones básicas en todo el territorio nacional, en condiciones de equidad, respetando la organización federal del Estado, las competencias propias de las jurisdicciones locales y las asimetrías regionales de costos, estructuras prestacionales y capacidades financieras».
Es decir que la universalidad de las prestaciones no implicará que los aranceles y el financiamiento sean iguales en todas las provincias y podrán variar de jurisdicción en jurisdicción.
Asimismo sentencia: «A tales efectos, la universalidad no implicará la homogeneidad de aranceles ni de modalidades de financiamiento entre las jurisdicciones, sino la garantía de un piso mínimo pestacional común, definido por estándares de calidad, oportunidad y adecuación de las prestaciones, de conformidad con la normativa vigente y con los principios de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. El nomenclador de prestaciones básicas no incluirá valores universales, los cuales deberán ser determinados por cada ente obligado, en el marco de su relación con los respectivos prestadores garantizando en todos los casos el cumplimiento de los estándares de calidad prestacional».
De esta manera cada obra social y prepaga podrá definir por sí sola lo que está dispuesta a pagar por cada prestación.
El proyecto libertario acalara además que «cuando el ente obligado sea el Estado Nacional, los valores de los aranceles del Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral a favor de las Personas con Discapacidad serán determinados en forma trimestral por la Secretaría Nacional de Discapacidad del Ministerio de Salud, a propuesta del Directorio del Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral a favor de las Personas con Discapacidad. Para los casos en que dicha determinación no se efectúe dentro del período estipulado, los valores de los aranceles serán establecidos por el Ministerio de Salud, tomando como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC) publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec)».
El gobierno de Milei envió a Diputados en la noche del martes, sobre el filo del plazo previsto, el proyecto de ley de Presupuesto 2027 y espera comenzar a discutirlo en el Congreso en la primera semana de octubre. La iniciativa, centrada en sostener el superávit fiscal, prevé un superávit primario de 18,44 billones de pesos, equivalente al 1,3% del Producto Bruto Interno (PBI). También calcula un resultado financiero positivo de 3,30 billones de pesos, es decir, 0,2% del PBI, una vez descontados los intereses de la deuda.
En las principales variables macroeconómicas, la propuesta estima un crecimiento del PBI del 4% y una inflación anual del 18%. Además, calcula que el salario promedio subirá 25,4% y que el dólar llegará a 1.847,60 pesos hacia fines de 2027. El esquema también prevé exportaciones por encima de los 130 mil millones de dólares y un saldo comercial favorable superior a los 15 mil millones de dólares.
Avanzada contra el nomenclador
Se trata de una nueva avanzada para eliminar el nomenclador. Una obsesión del gobierno libertario que ya se había traducido en varios proyectos de ley presentados en el Congreso por diputados y senadores de La Libertad Avanza que sin embargo no avanzaron ante la falta de respaldo de otros bloques.
En 2024 el gobierno de Milei aumentó el nomenclador un 99%, contra una inflación que fue del 117%. Es decir, quedó 18 puntos abajo. La actualización en los valores del nomenclador a lo largo de todo 2025 fue del 0% contra una inflacion del 31,5%. El gobierno libertario profundizó así el ajuste y congeló las partidas a lo largo de todo el año.
Es decir que en los dos primeros años de la gestión libertaria los valores del nomenclador quedaron 50 puntos porcentuales por debajo de la inflación. En 2026, merced de la Ley de Emergencia en Discapacidad el Gobierno actualiza el nomenclador todos los meses siguiendo la inflación pero sin cumplir con la la ley en su totalidad al no recuperar lo perdido en los dis primeros años.
La decisión del gobierno libertario de abandonar primero el nomenclador y ahora de intentar eliminarlo impacta de lleno en las prestaciones que necesitan las personas conm discapacidad así como en el trabajo de los profesionales y prestadores que brindan un abanico de servicios esenciales, tales como internaciones, transporte, apoyo educativo y laboral, atención médica y de rehabilitación, y también los usuarios.