El Tribunal Oral Federal N°7 rechazó hoy el pedido de la defensa de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner para que sea sobreseída de manera anticipada en la causa conocida como “los cuadernos de las coimas», y consideró que los hechos imputados no están cubiertos por la “cosa juzgada” y que el juicio podrá iniciarse el próximo 6 de noviembre, con decenas de imputados y cientos de testigos.
A través de esta investigación se busca esclarecer un presunto sistema ilegal de recaudación de sobornos liderado por la acusada, en el que empresarios pagaban dinero a cambio de mantener contratos con el Estado y beneficios indebidos.
Sosteniendo que ya había sido absuelta por asociación ilícita en la causa Vialidad, la defensa de Kirchner alegó que no podía ser juzgada nuevamente por ese delito en esta investigación. A pesar de ello, los jueces Enrique Méndez Signori, Germán Castelli y Fernando Canero rechazaron el argumento, señalando que los hechos y las personas involucradas en ambas causas son diferentes, por lo que corresponde que la cuestión se resuelva en el juicio oral.
En la actualidad, la expresidenta cumple una pena de 6 años de prisión domiciliaria e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por administración fraudulenta en el caso Vialidad.
Piden la ejecución de las propiedades de Cristina Kirchner y el resto de los condenados en la causa Vialidad
El pasado martes 21 de octubre, los fiscales Sergio Mola y Diego Luciani exigieron la “inmediata ejecución patrimonial” de todas las personas condenadas por el caso Vialidad. El objetivo es recobrar el dinero que se defraudó el Estado. El Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2), a cargo de hacer cumplir la pena, debe esperar la decisión de la Cámara de Casación por un reclamo hecho por Cristina Kirchner. En este contexto, en Comodoro Py calculan que el decomiso arrancará antes que finalice el 2025.
La cantidad que se quiere recobrar son 684.990.350.139,86 pesos. El TOF 2, compuesto por los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso, intimó, el pasado 15 de julio, a Cristina Kirchner y al resto de los condenados a que abonaran, de manera voluntaria, este monto, pero, pasado el plazo oficial de diez días hábiles establecido por la ley, nadie depositó nada en la cuenta judicial elegida.
Por ese motivo, se decidió implementar la ejecución patrimonial forzosa, determinando que se pueden embargar todos los bienes que estas personas sumaron a su patrimonio en el periodo comprendido entre 2003 y 2015, cuando se cometió el delito. En su dictamen, Luciani y Mola expresaron: “La resistencia de los condenados a devolverle al Estado (…) además de mostrar su falta de arrepentimiento, constituye una afrenta a la sentencia firme”.