La policía de Brasil incautó el pasaporte del ex presidente Jair Bolsonaro y lo acusó de modificar un borrador de decreto para anular resultados electorales, presionar a jefes militares para que se sumaran a un intento de golpe de Estado y conspirar para encarcelar a un juez del Supremo Tribunal.
La operación incluyó órdenes de allanamiento contra cuatro ex ministros y el arresto de cuatro ex asesores. El círculo íntimo de Bolsonaro está bajo investigación por presuntamente planear un golpe militar después de su derrota electoral ante el presidente Luiz Inácio Lula da Silva en 2022.
El secuestro de su pasaporte es especialmente preocupante para el ex presidente, un líder de extrema derecha que se presentó como una versión brasileña del exmandatario estadounidense Donald Trump.
Una fuente de la policía federal directamente involucrada en la operación del jueves dijo que las pruebas contra Bolsonaro eran sólidas y agregó que la incautación de su pasaporte ofrece todos los beneficios de un arresto, como mitigar el riesgo de fuga, sin ninguna complicación.
«Como se trata de una figura política poderosa, es mejor esperar la acusación y la condena antes de arrestarlo», dijo la fuente de la policía federal, que habló bajo condición de anonimato. «Un arresto preventivo abriría mucho espacio para acusaciones de persecución política».
El exmandatario estaba en su casa de playa en el estado de Río de Janeiro cuando la policía llegó el jueves por la mañana, exigiendo el documento. La policía federal de Brasil ahora está en posesión del pasaporte, que estaba en la capital Brasilia, dijo un portavoz de la familia Bolsonaro, Fabio Wajngarten, en redes sociales.
Según la decisión del juez del supremo tribunal Alexandre de Moraes -que desencadenó la operación del jueves-, Bolsonaro recibió en noviembre de 2022 un proyecto de decreto preparado por sus asesores para revocar los resultados electorales y emitir órdenes de arresto contra el propio Moraes, el magistrado Gilmar Mendes y el líder del Senado, Rodrigo Pacheco.
A petición de Bolsonaro, el borrador de decreto fue modificado, pero se mantuvo el arresto de Moraes y la exigencia de nuevas elecciones, según la orden judicial, citando investigaciones policiales.
Después de modificar el decreto, Bolsonaro convocó a los comandantes militares y los presionó para que apoyaran un golpe de Estado, según el relato de la policía, basado en registros telefónicos y testimonios del exasesor de campo del ex presidente.
Serie de indagaciones
El abogado de Bolsonaro, Paulo Bueno, no hizo comentarios de inmediato.
«Dejé el gobierno hace más de un año y todavía sufro una persecución implacable», dijo Bolsonaro el jueves al periódico Folha de S.Paulo. «Olvídense de mí. Alguien más está gobernando el país ahora».
Bolsonaro ya ha sido imposibilitado de ejercer cargos públicos hasta 2030 por difundir falsedades sobre las elecciones y enfrenta varias investigaciones penales que podrían llevarlo a la cárcel. Ha negado haber cometido delito alguno y afirma que las investigaciones tienen motivaciones políticas.
La semana pasada, en otra señal de los crecientes problemas legales de Bolsonaro, la policía federal registró propiedades vinculadas a su hijo Carlos. El concejal de Río de Janeiro, que ha negado haber cometido delito alguno, es sospechoso de utilizar datos recogidos ilegalmente por la agencia de espionaje Abin para atacar a los rivales de su padre.
La operación del jueves tuvo como objetivo algunos de los aliados más cercanos de Bolsonaro, hasta hace poco entre los hombres más poderosos de Brasil.
Se emitieron órdenes de registro para propiedades vinculadas a Walter Braga Netto, ex compañero de fórmula de Bolsonaro; Augusto Heleno, su exasesor de seguridad nacional; el exministro de Defensa Paulo Nogueira Batista y el exministro de Justicia Anderson Torres, entre otros.
El presidente del partido político de derecha de Bolsonaro, Valdemar Costa Neto, fue arrestado cuando un allanamiento en su casa de Brasilia encontró un arma de fuego no registrada, según fuentes.
La policía dijo en su declaración que los objetivos de la operación del jueves formaron un grupo en 2022 difundiendo denuncias de fraude electoral «incluso antes de que las elecciones tuvieran lugar» para «legitimar una intervención militar».
El presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que derrotó a Bolsonaro en las elecciones de 2022, dijo que el intento de golpe tenía que ser investigado para evitar que se repitiera. «Sin Bolsonaro no habría habido intento de golpe», señaló en una entrevista radial.
Una semana después de que Lula asumió el cargo en enero de 2023, partidarios de Bolsonaro -que se habían reunido durante días frente al cuartel general del Ejército- invadieron y destrozaron edificios gubernamentales en Brasilia, exigiendo una toma del poder por parte de los militares.
(Con información de la agencia Reuters)