Los laboratorios de capitales estadounidense se encuentran en plena incertidumbre, ante la inminente publicación del decreto presidencial con la creación de la Agencia Nacional de Evaluación de Financiamiento de Tecnologías Sanitarias (Anefits). Los alcances del nuevo organismo definirán el destino de las empresas del sector, que hicieron saber en la Casa Rosada que una limitación en los procesos de investigación y desarrollo para medicamentos e intervenciones médicas generarán un crack en el negocio, que las empujaría a tomar la decisión de desinvertir en el país.
Según pudo saber PERFIL, los representantes de los laboratorios movieron cielo y tierra para lograr que la administración de Javier Milei revea un punto central en el funcionamiento de la nueva agencia: que su intervención sea anterior a la aprobación que hasta ahora hace la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), para definir si alguno de los productos que ingresan al país cuentan con un aval financiero entre su costo y su beneficio sanitario.
Hasta el momento sólo ganaron tiempo, desde que hace poco menos de un mes el vocero Manuel Adorni anunciara la creación de la Anefits. El timing que manejó el Ministerio de Salud fue para ver si esa presión escalaba a niveles superiores, que incluyera algún mensaje directo del secretario de Estado de EE.UU., Scott Bessent, en su paso por la Argentina. El tema no estuvo incluido en la agenda del funcionario estadounidense y se espera que en los próximos días el decreto haya salido de la burocracia de Legal y Técnica para convertirse en realidad.
Un reclamo que involucró a la Embajada de los Estados Unidos en la Argentina
El malestar de los laboratorios pasó por distintos organismos de representación estadounidense en el país, como la propia Embajada de EE.UU. Fueron varios los medios de comunicación que se utilizaron, desde cartas hasta reuniones privadas con el ministro Mario Lugones. El jefe de la cartera sanitaria “nunca evidenció una respuesta clara sobre la implicancia que tendrá la nueva agencia”, aseguraron fuentes del sector, consultadas por PERFIL. “Si bien intentó tranquilizar a las empresas diciendo que no iba a ser una agencia nociva para el sector, evitó ser concluyente sobre su poder de veto anterior a la certificación de la ANMAT”, se explayó la misma fuente.
Otro participante de las negociaciones admitió que existe “mucha incertidumbre” en los laboratorios, porque “parece que la decisión del Gobierno es avanzar con el decreto y recién después dar explicaciones de las funciones”. “Una vez implementado el decreto ya será tarde”, se lamentó el representante de una de las empresas del sector, quien señaló que “la falta de libertad para la innovación básicamente lo que provoca es la parálisis de laboratorios que invierten en tecnología e investigación para ser más eficientes y tener mejores resultados en los tratamientos de salud”.
Distintos representantes de empresas estadounidenses coincidieron en la respuesta ante la pregunta que PERFIL les hizo sobre el destino de las inversiones en el país si es que la Anefits cumplía con el rol anunciado por Adorni: “Las empresas nos iremos; dejaremos en manos de terceros la continuidad de la producción de medicamentos para los tratamientos en marcha, pero en cuestión de dos años ya no habrá laboratorios de capital extranjero que investiguen y renueven los tratamientos”.
Un golpe a la innovación y el desarrollo
En el sector existe coincidencia en elogiar la creación de una agencia nacional que le permita al Estado evaluar nuevas prácticas, dispositivos o fármacos para definir políticas de cobertura de salud, como sucede en un puñado de países de alto desarrollo tecnológico, como el Reino Unido o Canadá. Pero el problema está en el lugar de la cadena de acceso: la Anefits será la encargada de decidir qué medicamento, tratamiento, test o prácticas sanitarias ingresan al país, sin la necesidad de que la ANMAT defina la eficacia para la salud. En otras palabras, pondrá por delante el costo económico, por sobre el beneficio sanitario.
“Esto pulveriza la inversión en I+D, no sólo para los laboratorios internacionales, sino también para los locales, porque suelen aprovechar las patentes aprobadas para crear sus propios productos similares e, incluso, copiados”, se lamentó una de las fuentes consultadas por este medio. “Va a garantizar que solo se incorporen al sistema aquellas tecnologías sanitarias, sean medicamentos como tratamientos, que cuenten con la debida eficacia científica y beneficios clínicos comprobados para evitar que los pacientes sean sometidos a tratamientos con efectos adversos o que no les generen beneficios para su salud, lo que venía ocurriendo en la Argentina”, explicó Adorni el 27 de marzo.
Lo que intenta el Gobierno es evitar el incremento de la litigiosidad en el sistema sanitario, que se multiplica cuando una obra social o una prepaga se ve obligada por la Justicia ordinaria a cubrir el tratamiento de un paciente que reclama por un tratamiento que no está contemplado en los beneficios tradicionales. Para el mundo de los laboratorios, “detrás de este punto conflictivo existe un interés de las empresas de medicina prepaga”. “Si no, no se entiende por qué un Gobierno libertario creará una agencia para que el Estado intervenga, cuando entre privados puede existir ofertas y demandas propias del mercado”, se quejaron.
¿Quiénes dirigirán la nueva agencia de medicamentos?
La Anefits tendrá como función principal evaluar con rigor científico qué tecnologías son seguras, eficaces y efectivas, y qué beneficios pueden generar antes de que se inicie el proceso de registro para su comercialización. Según explicaron desde el Ministerio de Salud, este nuevo organismo autárquico funcionará en el ámbito de la cartera que hoy dirige Lugones y tendrá la facultad de evaluar, de manera integral y comparativa, el valor y la contribución de los nuevos medicamentos, tratamientos y procedimientos a la mejora de la salud.
El nuevo ente a crearse estará encabezado por un presidente y un vicepresidente, quienes serán designados por el Poder Ejecutivo, a propuesta de la cartera sanitaria nacional. Según explicaron, ambos deberán contar con «una sólida formación y trayectoria en materia de evaluación de tecnologías sanitarias».
Completarán el organigrama cuatro vocales, que trabajarán en forma ad honorem, en representación de la ANMAT, del Consejo Federal de Salud (COFESA), de la Asociación de Facultades de Ciencias Médicas de la República Argentina (AFACIMERA) y de la Secretaría de Hacienda del Ministerio de Economía. “Ninguno de sus miembros podrá tener o haber tenido participación patrimonial o interés en entidades relacionadas con la producción, distribución o comercialización de tecnologías de salud”, aclararon.
Fuente: Perfil