Desconcertada ante la falta de apertura a una mesa de negociación por parte del oficialismo, los distintos sectores de la oposición “dialoguista” y “moderada” buscan integrar sus demandas de priorización de temas de la «ley de Bases» para presionar a La Libertad Avanza con una estrategia conjunta que les de mayor fortaleza en el debate..
Tanto la UCR, como Hacemos Coalición Federal y buena parte del PRO coinciden en dar la discusión a partir de una estrategia “semáforo”, que consiste en dar luz verde a una parte de las medidas contenidas en la ley ómnibus, mientras se negocian otras que generan dudas, y se le da luz roja a aquellas que no son de ninguna manera admisibles. Desmalezar hasta que aclare.
“Todo el tiempo hay contactos para sincronizar nuestros semáforos”, señalaron altas fuentes del bloque radical, de 34 miembros.
Sin embargo, fuentes del PRO consultadas por NA aclararon que todavía no hubo gestiones para integrar las posturas de los dos bloques.
En cambio, desde Hacemos Coalición Federal, el variopinto bloque que preside Miguel Pichetto de 23 representantes, reconocieron a este medio que ya existen conversaciones subterráneas en ese sentido, que aún no cobraron materialidad.
La UCR veta principalmente cinco puntos de la ley ómnibus, que reciben luz roja, y en principio esos aspectos son compartidos en el rechazo por el resto de las fuerzas intermedias que tienen la llave para definir la suerte de la iniciativa ofiicialista.
Se trata de la delegación de facultades por dos años prorrogables por todo el mandato de Javier Milei, la reforma electoral basada en la uninominalidad de circunscripción, la suba de retenciones a la soja y a otros productos de economías regionales, la suspensión de la fórmula de movilidad jubilatoria, y el pack de privatizaciones (aunque en este caso hay algunas que individualmente podrían acompañar).
La lista es más larga, como por ejemplo la derogación de un artículo de la “ley Guzmán” que exigía autorización del Congreso para endeudarse en moneda extranjera. También hay objeciones con el arancelamiento de estudios de educación superior para extranjeros no residentes o el «homeschooling» que ayer minimizó el secretario de Educación, Carlos Torrendell.
“Nuestra perspectiva no es solamente que se trate lo urgente. Hay otras cosas con las que estamos de acuerdo y no las vamos a trabar por el hecho de que no sean prioritarias en este momento. »Te lo damos’. Nuestra vocación está”, aclararon en la UCR.
El PRO es el bloque que se encuentra más comprometido, flotando entre la postura de acompañar a libro cerrado el paquete de reformas de La Libertad Avanza, como propone el sector bullrichista, o plantarse en las convicciones y rechazar todo lo que deba ser rechazado, que es la visión que empuja, entre otros, Silvia Lospennato. En este último sector también se encuadra María Eugenia Vidal, quien por ejemplo rechazó la privatización de YPF.
El presidente de la bancada amarilla, Cristian Ritondo, intenta hacer equilibrio hasta que se salden las diferencias. La balanza hoy parece más inclinada a la táctica “semáforo”, y estaría perdiendo la opción de darle onda verde a todo.
El problema es que La Libertad Avanza es un chofer de ruta que acelera a fondo a 180 kilómetros por hora al acercarse a la curva, sin medir el riesgo inminente de la colisión.
La única posibilidad de evitar el choque sería un acuerdo a tiempo con la oposición moderada. “La única forma de que salga un dictamen de mayoría es con los cuatro bloques. Aunque sea en disidencia, es la única forma de juntar 129 votos”, indicaron las fuentes del radicalismo, que indicaron que el presidente de la Cámara baja, Martín Menem “mostró una marcada voluntad pero no tiene poder de decidir”.
Acaso fingiendo demencia como estrategia para marcarle la cancha a la oposición (y eventualmente culparla si las cosas no suceden como se esperan) y disimular una debilidad de origen que es evidente (LLA tiene apenas 40 diputados nacionales), el jefe de Estado aseguró en una entrevista radial que “los números están”.
“Están los números para que todo transcurra acorde a lo esperado, creemos que va a salir todo”, dijo ilei para sorpresa de propios y ajenos.
Mientras tanto, el tiempo se escurre entre los dedos de las manos y se va aproximando peligrosamente la fecha del 25 de enero en la que teóricamente el oficialismo debería conseguir la media sanción de la ley en el recinto.
En el actual contexto de estancamiento del diálogo, situación propiciada por el propio oficialismo, que ni siquiera tiene interlocutores legitimados en el Congreso (Menem es apenas una polea de transmisión de las decisiones pero no tiene poder para negociar), las posibilidades de tener dictamen de mayoría la semana que viene, tal cual está previsto, son remotísimas.
La ilusión óptica con la que algunos oficialistas se encandilaron podría en los próximos días dar paso a un escenario más real, que consistiría en un llamado a una extensión del período de sesiones extraordinarias a febrero. Para ello, el Gobierno debería empezar a ceder, una materia en la que no viene mostrando demasiadas luces.
“Depende de ellos”, recuerdan insistentemente en el radicalismo, que repiten hasta el cansancio que los que no tienden puentes para ceder son los libertarios.
En un abuso de paciencia, la oposición autodenominada “dialoguista” y “responsable” viene soportando todo tipo de agravios del presidente, que los tildó primero de “coimeros” y luego de “idiotas útiles” al dilatamiento del proyecto.
“Es absurdo que nos acusen de eso. Aceptamos que se debata en solamente tres comisiones y estamos dando el debate hasta las 2 de la mañana”, se quejaron.
Pese a las humillaciones públicas de todas las especies y colores, allí siguen ellos poniendo la otra mejilla y ofreciendo colaboración a cambio de concesiones a la letra de la ley.
“El problema es que no construyen su lógica en el Parlamento sino en los medios”, resumieron, con resignación, y esperando el milagro.