La Unión Tranviarios Automotor (UTA) suspendió el paro de colectivos previsto para este viernes en Tucumán y otras provincias del interior, por lo que el servicio funciona con normalidad. Sin embargo, el conflicto salarial continúa abierto y las partes volverán a reunirse el próximo jueves 20 de agosto.
La decisión fue adoptada luego de una audiencia virtual convocada por el Ministerio de Capital Humano, de la que participaron representantes de UTA y de la Federación Argentina de Transportadores de Automotor de Pasajeros (Fatap).
Durante el encuentro, los empresarios se comprometieron a realizar gestiones ante provincias y municipios para intentar elaborar una propuesta que permita destrabar la negociación salarial. Ante ese compromiso, UTA resolvió dejar las medidas de fuerza “en suspenso” con fines conciliatorios.
La próxima audiencia quedó fijada para el jueves 20 de agosto, a las 12, en la sede del Ministerio de Capital Humano. A partir de la respuesta que presente Fatap, el gremio analizará cómo continuará el reclamo.
Qué reclama UTA
El conflicto se originó por la falta de acuerdo entre trabajadores y empresarios sobre una recomposición salarial. En Tucumán, el secretario general de UTA, César González, sostuvo que los choferes buscan obtener el mismo incremento acordado para los trabajadores del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), donde el salario inicial se acerca a los $2,3 millones.
Desde el sector empresario advierten que las compañías del interior no cuentan con el mismo esquema de financiamiento que las del AMBA. Jorge Berreta, vicepresidente de la Asociación de Empresarios del Transporte Automotor de Tucumán (Aetat), señaló que las diferencias en materia de subsidios dificultan afrontar el aumento reclamado.
Berreta planteó como una posible alternativa una redistribución de los fondos provenientes del impuesto a los combustibles y aseguró que aprovecharán el plazo abierto por la suspensión del paro para realizar gestiones y buscar una solución.
El Gobierno había cuestionado el paro
Antes de conocerse la suspensión de la medida, el gobernador Osvaldo Jaldo y la intendenta de San Miguel de Tucumán, Rossana Chahla, habían cuestionado el paro y reclamado que las diferencias se resolvieran mediante el diálogo.
Chahla destacó los aportes realizados por el municipio para sostener el transporte y remarcó la importancia de garantizar el servicio para quienes lo utilizan para trabajar o estudiar.
Jaldo, en tanto, reconoció el derecho constitucional a huelga, aunque advirtió sobre las consecuencias de una medida de fuerza. También destacó los aportes realizados por la Provincia y los municipios para sostener un sistema que, según indicó, emplea a más de 3.500 trabajadores y transporta diariamente a unos 600.000 pasajeros./Contexto