Los sindicatos de docentes universitarios nucleados en la Confederación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU) anunciaron un paro nacional de 48 horas para los días 27 y 28 de agosto, en reclamo al cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario.
La convocatoria fue confirmada por distintos gremios del sector, entre ellos FEDUBA. La protesta ocurre en medio de una disputa que también llegó a la Justicia. Las universidades cuentan con una medida cautelar dictada en diciembre y posteriormente confirmada por la Cámara de Apelaciones en marzo, que ordenó pagar la recomposición salarial prevista por la ley.
El Gobierno presentó recursos contra esa decisión, pero el 25 de junio la Corte Suprema rechazó el último recurso oficial. De esta manera, la ejecución de la cautelar quedó nuevamente en manos del juez de primera instancia Martín Cormick, titular del Juzgado Contencioso Federal N° 11, quien ordenó avanzar con su cumplimiento.
Para los próximos días también están previstas las denominadas “Carpas por la Universidad y la Soberanía”, que se instalarán frente al Palacio Pizzurno, donde funciona la Secretaría de Educación, y en distintos puntos del país.
Uno de los principales reclamos está relacionado con los salarios. De acuerdo con distintos cálculos, el Gobierno adeudaría una recomposición de entre 28,5% y 31,2% a los trabajadores universitarios. A ese porcentaje se suma el retroactivo correspondiente al período desde la entrada en vigencia de la ley, que también continúa siendo reclamado.
Otras medidas de fuerza
Este paro no es el primero que enfrenta el gobierno. El pasado 18, los gremios docentes universitarios realizaron paro nacional que duró hasta el 22 de agosto.
La medida alcanzó a las universidades nacionales. Dentro de esa federación, la Asociación Gremial Docente de la Universidad de Buenos Aires (AGD-UBA) sostiene además el reclamo de mantener el paro por tiempo indeterminado hasta que se cumpla la ley.
“Se cumplen 300 días desde que el Gobierno decidió no cumplir una ley sancionada por el Congreso. No estamos hablando de una diferencia de criterios ni de una discusión presupuestaria: estamos hablando de una obligación legal. El Gobierno no puede elegir qué leyes cumplir y cuáles no. La Ley 27.795 está vigente y tiene que aplicarse”, sostuvo Joaquín Carvalho, presidente de la FUA, durante la protesta. /TN