El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, afirmó este miércoles que «hay mucha gente extranjera» comprando minerales críticos antes de que el país haya regulado estos recursos, y defendió la aprobación en el Senado del proyecto que crea una Política Nacional de Minerales Críticos.
«Si no regulamos y definimos que esta riqueza mineral (…) es una riqueza de Brasil, tenemos que garantizar que estas cosas se transformen en algo que haga soñar al pueblo brasileño», afirmó Lula tras un encuentro en el Palacio de la Alvorada con los presidentes del Senado, Davi Alcolumbre, y de la Cámara de Diputados, Hugo Motta.
Lula y los líderes parlamentarios conversaron sobre la necesidad de avanzar en la reglamentación de la política de tierras raras y minerales críticos de Brasil, donde se encuentra hasta el momento la segunda mayor reserva mundial.
El jefe del Senado dijo a Lula que busca votar la próxima semana la legislación sobre los minerales claves para el desarrollo tecnológico mundial. «Cuando hablamos de soberanía, tenemos que hablar de la soberanía en su plenitud y no en parte», afirmó.
La Política Nacional de Minerales Críticos establece una legislación específica para atraer inversiones nacionales al sector y contempla un fondo de 5.000 millones de reales (unos 1.000 millones de dólares), según supo la agencia Noticias Argentinas.
El proyecto ya fue aprobado por la Cámara de Diputados en mayo y está pendiente de votación en el Senado. Las declaraciones de Lula se produjeron después de que la empresa estadounidense USA Rare Earth anunciara avances en la compra de Serra Verde, la única minera de tierras raras actualmente en operación en Brasil.
La compañía anunció el lunes que había asegurado 1.550 millones de dólares para completar la adquisición, operación que depende de la aprobación de los accionistas en una asamblea prevista para este viernes.
Según la cadena de noticias Globo, el Gobierno de Brasil se opone a la explotación de tierras raras en Minacu, en el norte de Goiás, por parte de una empresa estadounidense y analiza mecanismos para revisar la operación, ya que considera que la Constitución sostiene que los recursos minerales del subsuelo pertenecen a la Unión y no a los estados.