Las Cejas vuelve a estar en el centro de la polémica. La delegada comunal Cristina Mabel Contreras enfrenta una creciente ola de denuncias que no solo ya se tramitan en la Justicia, sino que además son acompañadas por fuertes reclamos de vecinos que acusan irregularidades en el manejo de fondos, abusos en el cobro de impuestos y hasta la apropiación de terrenos privados.
Las presentaciones judiciales iniciales señalaban a Contreras por retener tarjetas de débito de empleados comunales para quedarse con parte de sus haberes y destinar fondos públicos a viviendas particulares. Ahora, a esos cuestionamientos se suman nuevos testimonios vecinales que amplían el espectro de acusaciones.
Gabriela Alderete denunció un incremento desmedido en las tasas del cementerio local, que pasaron de $60.000 anuales a cifras que algunos vecinos aseguran superan los $400.000. “Hay familias que pueden demostrar con comprobantes que estaban al día, pero igual los acusan de deber años de pagos”, advirtió.
ambién reclamó por las deficiencias en el CAPS, donde con frecuencia no hay médicos ni ambulancias disponibles, y criticó la falta de avances en la construcción de un Centro Integrador Comunitario (CIC) prometido por las autoridades, que según los vecinos terminó siendo ocupado por una vivienda privada vinculada a la familia de la delegada.
Otro vecino, el ex delegado comunal Martín Mercedes Medina, denunció el uso indebido de edificios comunitarios. Aseguró que la biblioteca pública se utiliza para fiestas privadas y que la cancha del pueblo fue cerrada con tapias, donde empleados comunales lucrarían cobrando entradas.
También apuntó contra la construcción de una farmacia en un inmueble que pertenecía a la Comuna y que antes albergaba programas sociales. “Se levantó un negocio privado en un espacio público y nadie sabe cómo se concretó la operación”, afirmó.
Las denuncias alcanzan también el plano de la propiedad privada. Paulo Alcides Ruiz sostuvo que adquirió en 1984 un terreno de media hectárea y que en 2012 Contreras intentó declararlo fiscal. “En 2024 llegaron a cerrar el predio con una tapia como si fuera de ellos. La Justicia me reconoció la tenencia simple, pero los problemas continúan”, relató.
Un caso similar denunció Marta Alderete, vecina de la calle Roca y 25 de Mayo, quien recibió una orden de desalojo bajo el argumento de que su vivienda pertenecía a la Comuna. Su hijo Joaquín sostuvo que tras resistirse, empleados comunales dañaron parte de la casa y que, además, fue denunciado por una supuesta causa de violencia de género que considera armada.
El malestar en la localidad es creciente. “Queremos saber qué hacen con los fondos que ingresan a la comuna y que deberían destinarse a obras. Si preguntamos, nos persiguen; por eso muchos tienen miedo de hablar”, advirtió Gabriela Alderete.
Mientras tanto, las causas judiciales avanzan con pruebas documentales y testimoniales, y el clima social en Las Cejas se torna cada vez más tenso. Los pobladores reclaman transparencia y garantías, convencidos de que la disputa excede lo político y toca de lleno la vida cotidiana de la comunidad.