La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, reclamó hoy que la Justicia expulse del país a los extranjeros que no tienen residencia y que cometan delitos, a la vez que apuntó contra la provincia de Buenos Aires por la trágica toma de terrenos en La Matanza que dejó 5 muertos durante un enfrentamiento.
“En caso de haber personas que usurpan terrenos que son extranjeros que no tienen domicilio permanente en la Argentina, la Justicia debería proceder a echarlos del país de manera inmediata”, afirmó la funcionaria.
Durante una entrevista en Radio Mitre, Bullrich reforzó su idea: “El que viene a usurpar, a matar, debe ser expulsado a menos que haya nacido en Argentina o tenga una residencia permanente. Esa es una medida correctiva que hay que hacer de manera inmediata”, subrayó.
En los últimos días, desde la Ciudad de Buenos Aires salieron a reclamar que se acelere la expulsión de delincuentes extranjeros y que, para eso, se reponga un decreto firmado en 2017, en el Gobierno de Mauricio Macri, cuando Bullrich también estaba al frente de la cartera de Seguridad.
Primero fue el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, y luego su ministro de Seguridad, Waldo Wolff, quiene pidieron expulsar a los delincuentes extranjeros.
“Hay que expulsar a los extranjeros sin ciudadanía que delinquen”, escribió en su cuenta de la red social X (ante Twitter) Jorge Macri, al hacer referencia a un hecho policial ocurrido en las últimas horas en la Ciudad.
“Vamos a trabajar para restituir el decreto 70/2017 de Migraciones que permite la expulsión de ciudadanos extranjeros que delinquen en nuestros país. Es con orden”, fue el misma red de Waldo Woff, tras dar una serie de datos que muestran la participación de extranjeros en hechos delictivos en la Ciudad de Buenos Aires
En enero de 2017, Macri y su gabinete firmaron el Decreto 70 que modificó la Ley de Migraciones. Amparándose en la definición de que cada Estado tiene “la prerrogativa soberana de decidir los criterios de admisión y expulsión de los no nacionales”, se creó un “procedimiento migratorio especial sumarísimo” para negar el ingreso y expulsar a delincuentes extranjeros con mayor agilidad.
El argumento en ese entonces radicó en “la duración de los procesos administrativos y judiciales” y en el incremento de personas de nacionalidad extranjera bajo custodia del Servicio Penitenciario que en 2016 alcanzó al 21,3% de la población carcelaria total, pero que al analizar la cantidad de personas detenidas por narcotráfico, la cifra de inmigrantes subía al 33% en aquel año.
Ese decreto fue derogado por el Gobierno de Alberto Fernández en 2021 argumentando que el DNU de Macri había modificado “aspectos sustanciales” de la Ley de Migraciones “que resultan irreconciliables con nuestra Constitución Nacional y con el sistema internacional de protección de los derechos humanos, entre los que cabe mencionar la violación al principio del debido proceso, al derecho a contar con asistencia y defensa legal, la restricción a un control amplio y suficiente del poder judicial sobre los actos de la autoridad administrativa, la amplitud con la que se prevé la retención preventiva del y de la migrante sin definir las causas que la habilitan y la restricción a los derechos de reunificación familiar y dispensa por razones humanitarias”.
Además de sostener que la política migratoria de Cambiemos no evidenció “mejoras ponderables en otros aspectos”, desde la entrada en vigencia del Decreto 70 en 2017 “se agravó exponencialmente la litigiosidad en materia migratoria”, dijeron en aquel momento.