El próximo lunes comenzará el juicio contra Felipe “El Militar” Sosa y otros acusados por el crimen de la joven. La Justicia buscará determinar las responsabilidades, las maniobras de encubrimiento y el móvil del asesinato.
A nueve meses del femicidio de Érika Antonella Álvarez, la Justicia tucumana se prepara para iniciar el próximo lunes un juicio que tendrá como principal acusado a Felipe “El Militar” Sosa, señalado como responsable de haber matado a golpes a la joven en su vivienda de Yerba Buena. El debate también abordará las presuntas maniobras de encubrimiento posteriores al crimen y buscará esclarecer uno de los interrogantes que todavía persisten: cuál fue el motivo del asesinato.
La investigación, encabezada por el fiscal Pedro Gallo, sostiene que Érika llegó durante la madrugada del 7 de enero a la casa de Sosa a bordo de un vehículo solicitado mediante Uber. Según la acusación, el hombre la atacó violentamente hasta provocarle la muerte.
Posteriormente, habría contado con la colaboración de su ex pareja, la empleada judicial Justina Gordillo; de su amigo Nicolás Navarro Flores; y de Jorge “Chicho” Díaz, empleado de una de sus empresas, para deshacerse del cuerpo, eliminar evidencias y facilitar un intento de fuga.
El cadáver fue abandonado en un descampado de Manantial Sur.
La causa tiene actualmente tres imputados y un condenado. Navarro Flores recibió una pena de tres años de prisión efectiva por encubrimiento y será uno de los testigos centrales del juicio.
Su declaración genera especial expectativa porque ya aportó información que comprometió la situación procesal de Gordillo y podría resultar relevante para determinar qué ocurrió después de la muerte de Érika.
El abogado Juan Pablo Bello, defensor de Díaz, advirtió que el debate será complejo porque se analizarán responsabilidades diferentes: la del presunto autor del femicidio y las de quienes habrían colaborado para ocultarlo.
Díaz permanece alojado en el penal de Benjamín Paz debido a que no consiguió reunir los $ 20 millones establecidos como caución para acceder al arresto domiciliario.
Una de las principales controversias del juicio estará relacionada con las circunstancias de la muerte.
Carlos Garmendia, representante de la familia de la víctima, sostiene que Sosa habría atacado brutalmente a Érika durante un encuentro sexual en el que también habría existido consumo de drogas.
El abogado señaló que en el expediente figuran antecedentes de violencia de género atribuidos al acusado y testimonios sobre cambios en su comportamiento cuando consumía sustancias.
La defensa de Sosa, encabezada por Marcelo Cosiansi, rechaza esa interpretación y sostiene que la muerte pudo haber ocurrido accidentalmente.
“Mi posición es clara: Felipe no mató a Érika”, afirmó el letrado, quien cuestionó las conclusiones de la investigación y las limitaciones de los estudios forenses.
Según Cosiansi, no pudieron realizarse análisis histopatológicos ni toxicológicos y existirían diferencias entre los informes médicos sobre el mecanismo que provocó el fallecimiento.
Otro aspecto que podría surgir durante el debate es la posible vinculación del caso con el narcotráfico, una línea que fue considerada durante la investigación, pero que no permitió establecer hasta ahora un móvil comprobado.
Érika mantenía una relación sentimental con Carlos “El Mayor” Ferreyra, un ciudadano paraguayo con antecedentes vinculados al tráfico de drogas y sobre quien, según el informe, pesaría un pedido de captura internacional.
También surgieron referencias sobre presuntas actividades de Sosa relacionadas con la comercialización de drogas sintéticas en fiestas electrónicas y posibles contactos entre ambos hombres.
Familiares de la víctima declararon que Érika les había mencionado la existencia de pastillas de éxtasis en la vivienda de Sosa y que mantenía vínculos con personas relacionadas con ese ambiente.
Cosiansi planteó que su defendido pudo haberse deshecho del cuerpo por temor a represalias, después de una muerte que considera accidental. Garmendia rechazó esa explicación y la calificó de inverosímil.
De todos modos, la defensa aclaró que la existencia de vínculos con el narcotráfico no demuestra que una organización criminal haya ordenado la muerte de la joven.
En este escenario, el testimonio de Navarro Flores aparece como una de las pruebas más esperadas.
Sus abogados, Patricio Char y Candelaria Hernández, anticiparon que mantendrá la versión que sostuvo durante la investigación y que colaborará con el esclarecimiento de los hechos.
Para Garmendia, su declaración podría aportar detalles importantes sobre las acciones posteriores al fallecimiento de Érika. Bello coincidió en que el condenado podría ofrecer información decisiva sobre el comportamiento de los demás involucrados.
El juicio deberá establecer las responsabilidades penales de los acusados y examinar las pruebas reunidas durante nueve meses de investigación.
Aunque determinar el móvil no constituye un requisito indispensable para acreditar un homicidio, esclarecer qué desencadenó la muerte de Érika será uno de los principales desafíos del debate judicial./Contexto