La Cámara Federal de Casación Penal dejó firme el procesamiento del líder del Polo Obrero, Eduardo Belliboni, por presunta administración fraudulenta, amenazas coactivas y extorsión en la causa por el manejo de planes sociales y lo dejó así en condiciones de ser enviado a juicio oral.
El máximo tribunal penal federal del país rechazó por «inadmisibles» las apelaciones de Belliboni y otros 14 acusados en la investigación y dejó así firmes los procesamientos confirmados por la Cámara Federal porteña, según la resolución a la que tuvo acceso la Agencia Noticias Argentinas.
Los camaristas Gustavo Hornos, Javier Carbajo y Mariano Borinsky también dejaron en pie una decisión de la sala I de la Cámara Federal que agravó la situación procesal de Belliboni y de otra referente del Polo Obrero, María Dotti, al sumar en sus casos los delitos de amenazas coactivas y extorsión a beneficiaros de los programas para obligarlos a concurrir a piquetes y marchas.
En el caso el juez federal Sebastián Casanello, ya inició los trámites para enviar el expediente a juicio, para lo cual dio vista a las partes.
Casación desestimó las apelaciones por «inadmisibles» por cuestiones formales vinculadas a que no se encontró «debidamente fundada una cuestión federal» con lo cual las decisiones quedaron confirmadas.
También remarcó que los procesamientos no son una «sentencia definitiva o equiparable a tal». Belliboni está procesado por «administración fraudulenta», «amenazas coactivas» y «extorsión» por desvíos de fondos públicos destinados al programa «Potenciar Trabajo».
El dirigente sindical fue procesado en agosto pasado por el juez federal Sebastián Casanello por presunta «administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública» y ahora el Tribunal de Apelaciones confirmó esa decisión y agregó dos delitos más, «amenazas coactivas» y «extorsión agravada», según la resolución a la que tuvo acceso esta agencia.
Los camaristas Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Mariano Llorens consideraron que hay evidencia sobre el «desvío de los fondos públicos asignados al Polo Obrero y a El Resplandor, a través de distintos convenios celebrados con el ex Ministerio de Desarrollo Social de la Nación en el marco del Programa Potenciar Trabajo».
Además, la acusación incluye la supuesta «imposición de una serie de exigencias a los beneficiarios del mismo ajenas a lo pactado a cambio de no perder la ayuda estatal, traicionándose así los intereses confiados por el Estado para obtener un beneficio particular y ajeno al objetivo de esa política pública».
Los fondos se desviaron y se habrían usado para «afrontar el pago de gastos vinculados a actividades políticas partidarias», consideró probado la Cámara Federal cuando confirmó los procesamientos en noviembre último.