En la Argentina el debate por los contratos con los que se mantiene la militancia política y la indignación por las discrecionalidades vuelven cada tanto, en general cuando un diputado ó un senador cruzan el límite de la sensibilidad social y designan familiares ó amigos y no seleccionan por idoneidad a los mejores. Lo mismo ocurre con los aumentos de los funcionarios y también con las compras sin filtros ni controles en la Administración Pública Nacional.
Fuera de todos esos escándalos que se resaltan en los medios ha quedado el caso de los manejos oscuros que se dan hace más de tres décadas, bajo el amparo de las leyes 23.283 y 23.412, en los «entes de cooperación técnica y financiera» que se crearon con el objetivo de resolver problemas con los trámites que debían hacer las personas ante los registros del automotor, pero que terminaron auspiciando una fenomenal y millonaria caja para la política.
El de mayor volumen es el que surgió a partir del convenio que durante la gestión de Raúl Alfonsín firmó la por entonces Secretaría de Justicia con la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA). Tanto que hoy, como había anticipado Clarín días atrás, sostiene el funcionamiento del ministerio que dirige Mariano Cúneo Libarona, que seis meses después de asumir asegura querer desmontarlo.
No le va a resultar fácil. No sólo porque el Ministerio de Justicia funciona hoy gracias a esos fondos que administra un privado: más de la mitad de los agentes que reportan en el área están contratados por el Ente Cooperador Acara y otros convenios, cuyos fondos administra el organismo que nuclea a concesionarias de todo el país y surgen del bolsillo de todos los argentinos cuando afrontan el trámite de la compraventa de un vehículo.
Además de los gastos de personal, ACARA paga viáticos, servicios de consultoría, alquileres, compra bienes de consumo, afronta gastos bancarios y otras erogaciones de capital por cifras millonarias. Todo sin control ni rendición de cuentas más allá del accionar de una comisión fiscalizadora que depende del Ejecutivo.
«Es un agujero negro, nadie sabe bien en qué se gasta», explica una fuente al tanto de los manejos del ente, que también realiza contrataciones a cooperativas para la prestación de servicios, a universidades para el dictado de cursos, y a productores por seguros.
«Sin ACARA hoy el Ministerio no existe, no podría funcionar, pero lo vamos a desmontar«, aseguran cerca de Cúneo Libarona. Sobre un total de 6.107 empleados, apenas 2.100 pertenecen a la planta del Sistema Nacional de Empleo Público. El resto se agrupan de la siguiente forma: 2.483 agentes (en marzo eran 3042) bajo el régimen de ACARA y un poco más de mil por convenios con otros entes.
Otra arista polémica por ACARA también son los sobresueldos. Cuando asumió Milei, 113 agentes del Ministerio de Justicia de la gestión anterior cobraban un plus en concepto de «incentivos», por un total de $71.933.344,52. Es decir, fondos que se usan discrecionalmente para ampliar los ingresos de empleados que ya cobran un contrato en el sector público.
En enero, ya durante la actual gestión, la nómina de afortunados se redujo a 69 empleados, por un total de $32.544.168. Pero, en marzo, el número se mantenía estable: $59.402.600 repartidos en 70 agentes. La Coalición Cívica, por iniciativa de la diputada Victoria Borrego, presentó un proyecto para que los fondos de los entes cooperadores se incorporen al Presupuesto y en consecuencia al control estatal, y para derogar el artículo que permite el pago de «incentivos».
Si el debate por la titularidad de las 1.558 oficinas de registros del automotor expuso los negocios de la política, la millonaria recaudación del Ente explica en buena medida porqué el sistema se profundizó durante la gestión de Carlos Menem, Fernando de la Rúa y los Kirchner, y tampoco Mauricio Macri pudo desactivarlo.
¿De dónde surgen los fondos? Al final del camino, de lo que se recauda por cada venta de autos. Desde que asumió Milei, el 10 de diciembre de 2023, hasta febrero de 2024, los ingresos del Ente representaron cerca de 14.000 millones de pesos. La cifra exacta surge de un pedido de acceso a la información pública a la que accedió Clarín: fueron 13.546.185.209,37 pesos. Estiman que la cifra superará ampliamente los 140 millones de dólares en el año, teniendo en cuenta que el Ente embolsó $52.179.397.106,17 en los dos años anteriores, entre diciembre de 2021 y noviembre de 2023.
El sistema es un verdadero monopolio: el ente le vende a registros de todo el país los formularios, cédulas, sellos, la emisión de chapas patentes, carpetas, hojas, placas y stickers que se venden en los registros al precio que fija el Ministerio de Justicia. Eso sólo en cuanto al acuerdo con Nación: por ley, ACARA también pudo avanzar en acuerdos con provincias y municipios para la administración de las bases de datos de infracciones, la interconexión online y el cobro que perciben los registros automotores.
ACARA, que nuclea a los concesionarios oficiales que deciden afiliarse (no es obligatorio), se lleva una tajada importante: en concepto de administración, recibe el 5 por ciento de todo lo que recauda. Bastante menos de lo que habilita la ley (10%), pero un poco más del 3,5% en que lo había fijado la gestión de Germán Garavano.
La cifra explica el por qué de semejante riesgo que toma el organismo al contratar miles de agentes, cuando para cubrir lo que respecta a su negocio sólo cuenta con unos 60 empleados.
Un amplio pedido de informes sobre el manejo de ACARA, que contestó Justicia tras un planteo de la Coalición Cívica, dio cuenta que al momento de asumir Javier Milei la Presidencia, 3080 empleados del Ministerio de Justicia trabajaban contratados por ACARA. Se trata de un promedio estable: dos años antes, había 3281.
Pero, según expuso Ricardo Salomé, ex presidente de ACARA, quien hoy libra una batalla intensa por el poder de la entidad con su actual titular Sebastián Beato, el ente llegó a tener «4.800 empleados» que se desempeñaban exclusivamente en el Ministerio de Justicia.
Durante la gestión de Macri, un pedido de acceso a la información realizado por Clarín reveló que en julio de 2018 eran 3.816 personas asignadas a pedido del Gobierno.
Es curioso porque hasta la Oficina Anticorrupción, el organismo que debiera velar para fortalecer la ética y la integridad en la gestión, le debe su funcionamiento en buena parte a ACARA: decenas de empleados son contratados a través del ente.
Más allá de la polémica porque en el Estado se desempeñen trabajadores enrolados en el sector privado, esto puede generar un doble perjuicio a las arcas públicas: según fuentes oficiales inobjetables, ha habido casos de personal despedido que tuvo que ser indemnizado por ACARA y también por el Estado.
Fuente: Clarín