El presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, afirmó que “la emisión incontrolada de moneda sin respaldo real también está en contra de la Constitución”, al analizar los límites jurídicos de una eventual dolarización de la economía argentina.
Rosatti explicó que la moneda cumple funciones de medio de intercambio, unidad de cuenta y reserva de valor, y sostuvo que la Argentina “no puede tener una única moneda que sea extranjera” porque no puede emitirla, acuñarla ni fijarle su valor, lo que “está prohibido en la Constitución”.
El magistrado recordó que la Carta Magna obliga a “defender el valor de la moneda”, lo que implica una relación entre base monetaria y reservas, y advirtió que aumentar la oferta de pesos sin respaldo “disminuye el valor intrínseco” de la moneda nacional.
Rosatti señaló que la dolarización puede ser utilizada como referencia o reserva de valor, pero marcó que la experiencia de la convertibilidad mostró los límites de atar el peso a una economía “mucho más grande y próspera” como la de Estados Unidos.
“Lo que sí puede hacer la moneda argentina es compararse con otra moneda, como ocurrió en la convertibilidad”, indicó, aunque remarcó que esa paridad no es reversible y que la Argentina “no puede regular el valor” de divisas extranjeras como el dólar o el real.
Consultado sobre si sus advertencias públicas contra la dolarización influyeron en el giro del actual gobierno hacia el fortalecimiento del peso, respondió que sería “presuntuoso” pensarlo y sostuvo que “la que manda es la Constitución”, más allá de cualquier mensaje político.
“En lo único que me fijo es en la Constitución y en las leyes”, enfatizó el presidente del máximo tribunal, al ser interrogado sobre si el presidente Javier Milei le hizo llegar alguna posición respecto de sus críticas a la dolarización.
Rosatti aseguró, durante una extensa entrevista con Perfil, que su vínculo con los jefes de Estado con los que convivió en la Corte —Mauricio Macri, Alberto Fernández y Javier Milei— fue “prácticamente nulo” y subrayó que ninguno de ellos lo llamó “por el destino de un expediente”.
“El hecho de que Macri se haya arrepentido de mi designación en su libro habla bien de él y habla bien de mí, porque demuestra que no fui propuesto para decir que sí a todos”, señaló el juez. Agencia Noticias Argentinas.
Sobre la confirmación de la condena a la expresidenta Cristina Kirchner en la causa Vialidad, Rosatti dijo que terminó ese día con la sensación de haber “cumplido con el deber”, aunque admitió que los jueces a veces firman sentencias que los “mortifican” durante mucho tiempo.
Como ejemplo, mencionó un fallo en el que la Corte declaró prescripta la condena a un cura acusado de abusos contra menores, lo que permitió su liberación pese a que los hechos estaban probados, y describió la tensión entre “hacer lo que se debe” y lo que dicta la conciencia moral.
El titular de la Corte evitó pronunciarse en detalle sobre la causa Cuadernos porque, dijo, probablemente llegará al tribunal, pero la comparó en potencial relevancia con el Juicio a las Juntas y con el Lava Jato brasileño, en caso de que haya condenas firmes y recuperación de activos.
Respecto del debate sobre el “arrepentido”, sostuvo que los jueces se rigen por la “sana crítica” y que una prueba inicialmente insuficiente puede ser complementada por otros elementos, aunque diferenció ese escenario de las evidencias obtenidas de manera ilícita, como cámaras ocultas.
En esa línea, recordó la doctrina del “fruto del árbol envenenado” y explicó que el derecho penal liberal tradicionalmente rechaza utilizar pruebas conseguidas sin respaldo jurídico, aunque la discusión se reavivó cuando esos elementos sirven de indicio para obtener evidencias válidas.
Rosatti admitió que existe una tensión adicional cuando el periodismo difunde información relevante obtenida de modo irregular, por ejemplo a partir de reportajes a personas prófugas, y los jueces deben evaluar el valor jurídico de esos materiales en causas penales
Al referirse al Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023, remarcó que la Constitución fija un procedimiento que incluye el tratamiento en la Comisión Bicameral y en las dos cámaras, y señaló que “ese trámite no ha terminado”, por lo que la Corte decidió esperar la definición del Congreso, según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas.
Recordó que algunos capítulos del DNU ya fueron suspendidos o modificados por otras leyes y graficó que lo que comenzó como un “ómnibus” se transformó en “varias traffics”, con distintos destinos judiciales y legislativos según el contenido de cada artículo.
El magistrado sostuvo que el control de constitucionalidad en la Argentina es “difuso”, lo que significa que “cualquier juez” puede declarar la inconstitucionalidad de una norma, y que la Corte actúa como vértice unificador, lo que demora la consolidación de criterios.
Consultado sobre la posibilidad de que los fallos del máximo tribunal sean obligatorios para todos los juzgados, recordó que la Constitución de 1949 lo establecía de forma expresa, mientras que el texto vigente desde 1957 es “indefinido” y no fija esa vinculatoriedad.
Aclaró que el Congreso podría intentar sancionar una ley que convierta en obligatorias las sentencias de la Corte, pero advirtió que esa norma terminaría revisada por el propio tribunal, que debería resolver si es o no constitucional.
Rosatti reveló que “el 60 por ciento” de las causas que resuelve la Corte provienen del Estado en materia previsional, donde el máximo tribunal “dice siempre lo mismo”, y consideró que un sistema de fallos vinculantes reduciría drásticamente esa carga.
En cuanto a la composición del Máximo Tribunal, afirmó que el número “histórico” ideal es cinco miembros y rechazó que se busque equilibrar la integración por especialidades jurídicas o por representación territorial, ya que esta última “está en el Senado, no en la Corte”.
“Para ser ministro de la Corte hay que saber derecho constitucional, eso es lo más importante”, sostuvo el juez, quien ironizó que, si se pretendiera un representante por cada rama del derecho, podrían terminar siendo “tantos como letras tiene el abecedario”.
El presidente del tribunal reconoció que extraña el aporte del exministro Juan Carlos Maqueda, al que definió como un funcionario con “experiencia institucional pocas veces vista”, por haber pasado por los tres niveles de gobierno y los tres poderes del Estado.
Al mismo tiempo, admitió que con tres miembros la Corte emite más fallos que cuando tenía cuatro o cinco, porque la mayoría legal se alcanza en una sola ronda de votos y los jueces hacen un “esfuerzo” adicional para consensuar textos únicos.
Sobre la ausencia de mujeres desde la salida de Elena Highton de Nolasco, evitó pronunciarse de fondo al señalar que la Corte tiene casos pendientes donde esa discusión es relevante, aunque reconoció que la cuestión de género está planteada en términos constitucionales.
En relación con el debate por la reforma del Código Penal, Rosatti consideró que el texto actual está “absolutamente descompensado” por más de 200 modificaciones parciales y planteó que una verdadera actualización debería hacerse “desde tabula rasa”, comenzando por el homicidio simple.
Indicó que el país enfrenta hoy delitos “transnacionales y sofisticados” que no estaban previstos en el diseño original del Código, y reclamó una regulación específica para los delitos complejos y tecnológicos, integrada en un esquema básico coherente.
Consultado sobre la modernización laboral, advirtió que cualquier reforma puede quedar frenada por decisiones de jueces de primera instancia que declaren inconstitucionalidad, y que el control difuso prolonga los tiempos de aplicación hasta que la Corte fija un criterio definitivo.
El magistrado defendió el funcionamiento del Consejo de la Magistratura que también preside y destacó que, pese a debates “ásperos”, alrededor del “95 por ciento” de sus decisiones se toman por unanimidad, con participación de jueces, legisladores, académicos y abogados.
Rosatti se mostró a favor de la existencia del Consejo como órgano constitucional de selección y acusación, y advirtió que quienes propongan elegir jueces por voto popular deberían primero impulsar una reforma constitucional que modifique el actual sistema.
El juez supremo cuestionó además la demora del Poder Ejecutivo y del Senado en cubrir las numerosas vacantes judiciales, al remarcar que la Justicia depende de esos dos poderes para completar cargos, a diferencia de las bancas legislativas que se cubren “de inmediato”.
Rosatti consideró que una “Corte con madurez institucional” debe dialogar con el Ejecutivo y el Legislativo en temas de interés común, pero sin aceptar “ningún tipo de injerencia” sobre el contenido de los fallos.
En esa línea, describió que el tribunal mantiene contactos con el jefe de Gabinete, el Ministerio de Economía y el de Justicia para cuestiones administrativas o presupuestarias, pero preserva el secreto y la independencia en el tratamiento de expedientes sensibles.
Rosatti también defendió el uso excepcional del “per saltum” y de la declaración de inconstitucionalidad, al remarcar que la Corte recurre a esas herramientas solo en casos de “gravedad extraordinaria” y que en general prefiere que el Congreso legisle y luego revisar.
Sobre el rol de la política, sostuvo que la Justicia “está para hacer sentencias”, mientras que la dirigencia debe “transformar la realidad, fundamentalmente de las personas que están en situación desventajosa”.