La nueva versión de la Ley Bases del Gobierno -279 artículos- vino atada al paquete fiscal que incluye modificaciones en Ganancias, y suma 101 artículos más. Los bloques dialoguistas los están estudiando, reconocen que hubo avances y están «mucho más cerca» pero todavía detectan puntos conflictivos en los capítulos de privatizaciones, inversiones, empleo público, fondos fiduciarios, y el artículo 70 (ex 71) que desregula la actividad privada.
Otro tema que está haciendo ruido, pero por su ausencia, es el capítulo del Tabaco, que fue excluido de la ley. Legisladores van a pedir que sea reincorporado para que haya «mayor equidad entre todas las empresas del sector».
En paralelo, la reforma laboral también está siendo eje de gran debate, pero no tiene articulado aún. Las bancadas están trabajando en buscar los puntos de consenso para armar un texto unificado y presentarlo en el debate en comisión, bajo el compromiso del Gobierno de incorporarlo a la Ley Bases.
El artículo 70 original facultaba al Ejecutivo para derogar o modificar regulaciones sobre la actividad económica privada en diferentes casos, para facilitar «mayor eficiencia y eficacia». Distintos bloques habían advertido que así como estaba no pasaba.
La Rosada hizo una nueva redacción en la que especifica que esa facultad sería utilizada en tres casos: para modificar o derogar normas que «distorsiones en los precios de mercado, generen un sobrecosto o la escasez de bienes y servicios»; que «impliquen la constitución de monopolios artificiales» y que «se vinculen con la negociación de instrumentos de oferta pública a los fines de fomentar el uso de los mismos».
A su vez, la nueva redacción aclara que de ninguna manera se van a tocar normas que regulen en materia de salud, previsional y laboral.
«Todavía es muy amplio», señalaron fuentes del radicalismo. «Con eso pueden sacar precio uniforme a libros o reformar la ley que prohíbe la reventa de entradas, o lo q les parezca», advierten en la bancada de Hacemos Coalición Federal.
En el caso de privatizaciones, de las 40 empresas que figuraron en la ley ómnibus inicial quedaron 18, están divididas en dos artículos separados. Uno con privatizaciones o concesiones totales (entre ellas están Aerolíneas Argentinas; Enarsa; Radio y Televisión S.A.; Aysa, Correo Oficial; y la Sociedad Operadora Ferroviaria). El otro con privatizaciones parciales, en el que el Estado tiene que seguir manteniendo la mayor parte, entre ellos el Banco Nación. A ese punto se resiste desde el inicio parte del radicalismo.
Respecto al artículo 5 -que faculta al Ejecutivo a disolver fondos fiduciarios- se agregó una aclaración clave: que si el Gobierno disuelve alguno tiene que «garantizar a los beneficiarios los mismos recursos» y «respetar las correspondientes asignaciones específicas».
Sin embargo, hay exigencias para que se especifique que algunos fondos, como el creado para asistencia directa a víctimas de trata, directamente no se puedan tocar.
En cuanto al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI),que propone beneficios tributarios y aduaneros, el monto mínimo de inversión, está fijado en 200 millones de dólares. Parte de la oposición solicita que el piso sea menor para que «no solo los millonarios extranjeros tengan beneficios». «Con ese mínimo dejás afuera a un montón de inversores locales de las economías regionales», señala un diputado con buen diálogo con gobernadores.
Respecto al empleo público hay un artículo que señala que los empleados de planta permanente que cerraron y están “en situación de disponibilidad” puedan estar en esa situación solo por un año y que si cumplido el plazo no fue ubicado en un nuevo rol, será desvinculado de la administración pública.
«Ahí hay un riesgo de que sea inconstitucional. Choca directamente con el artículo 14 bis de la Constitución que habla puntualmente de que las leyes deben proteger la ‘estabilidad del empleado público’«, advierte un legislador experimentado.
La fusión o disolución de organismos no se podrá aplicar a entes dependientes de los Poderes legislativo o Judicial, ni Universidades Nacionales, Conicet o Inta.
Un punto que todavía no se sabe cómo va a influir en el debate tiene que ver con que incorporó el Ejecutivo en esta nueva versión de la Ley Bases. El 274, deroga la moratoria previsional aprobada por el Congreso en 2023, para que más personas puedan acceder a la jubilación.
De las 11 emergencias que se declaraban inicialmente, quedaron cuatro: en materia administrativa, económica, financiera y energética por el plazo de un año. «Se reducieron en cantidad pero siguen siendo muy amplias.
En cuanto al paquete fiscal no hay grandes problemas a la vista. Todos ven con mejores ojos que el piso de ganancias sea mayor al de $ 1,2 millones del proyecto inicial.
También se explicitó que los no residentes no puedan blanquear efectivo, y corrigieron la tabla de bienes personales, que hacía más gravosa la alícuota para los patrimonios más bajos.