Nahuel Gallo, quien se desempeña como cabo primero en la Gendarmería Nacional Argentina, se encuentra detenido en Venezuela desde el 8 de diciembre de 2024, cuando presuntamente fue secuestrado por funcionarios venezolanos a las órdenes del presidente Nicolás Maduro.
Esta situación provocó que la relación entre la gestión de Javier Milei y su par venezolano se tensara aún más y se instalara fuertemente un conflicto diplomático por el cual Argentina, bajo la representación del embajador en la Corte Penal Internacional (CPI) de La Haya, Diego Sadofschi, denunció “violaciones a los derechos humanos” y solicitó el arresto de Maduro y del mandatario Diosdado Cabello.
La familia de Gallo y el gobierno argentino denunciaron que el gendarme fue detenido cuando intentaba ingresar al país por la frontera con Colombia para visitar a su esposa e hijo. Los cargos que le imputa Venezuela son por presunta «vinculación a acciones terroristas» y “espionaje”.
María Alexandra Gómez, esposa de Gallo, aseguró en julio pasado que el gendarme estuvo detenido en la Cárcel de El Rodeo, ubicado a las afueras de la ciudad de Caracas, en el estado Miranda. Al mes siguiente, la mujer debió regresar junto con el hijo de ambos a la Argentina.
“Yo no quería venirme porque mi intención era regresar con Nahuel, como lo habíamos planificado”, declaró en su momento.
Durante los primeros meses de detención, el fiscal de la República, Tarek William Saab, le aseguró a la esposa del gendarme que la detención “había sido un error”, que lo sucedido “era un conflicto diplomático” y que debía “esperar y tener paciencia”.
En septiembre, Griselda Heredia, la madre de Gallo, pidió por la liberación de su hijo y manifestó que “sintió desesperación” cuando Estados Unidos envió la flota al Caribe; llamó a la ex ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quien por su parte le pidió tranquilidad.
“Lo único que me supo decir Bullrich fue que me quede tranquila, que ellos están constantemente haciendo lo posible y trabajando”, indicó Heredia.
El Gobierno argentino denunció esta situación ante organismos internacionales como la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Organización de los Estados Americanos (OEA), al considerar que la detención de Gallo es “arbitraria e ilegal”, e incluso la calificó de «desaparición forzada» y un “delito de lesa humanidad”.
A un año, el gendarme argentino continúa detenido en el país caribeño y, posiblemente, siga en la cárcel de máxima seguridad en las afueras de Caracas, donde permanece desde julio de 2025.