Una serie de repetidos llamados a comisarías puso en alerta a la justicia federal sobre otra maniobra contra el presidente de la Corte. Se trata de reiteradas comunicaciones a dependencias policiales en donde, diciendo ser Horacio Rosatti y pidiendo datos sobre la superpoblación carcelaria y reclamaban reportes.
Ya hay una causa judicial en los tribunales de Comodoro Py que busca esclarecer qué hay detrás de esa extraña situación que se da en el marco de una nueva pelea interna entre los miembros de la Corte y el intento del gobierno de nombrar el juez Ariel Lio en el máximo tribunal.
No es la primera maniobra contra Rosatti. Hay todavía circunstancias que rodearon al presidente del máximo tribunal y sus miembros con denuncias de falsificación de identidades y sospechas de espionaje sobre miembros del Poder Judicial que todavía no fueron esclarecidas.
En una causa están imputados, un agente inorgánico de la SIDE, Ariel Zanchetta, que estuvo preso; otros tres espías registrados y un ex funcionario de La Cámpora que cumplía funciones en la AFIP Néstor “Conu” Rodríguez, entre otros. Además, Zanchetta se comunicaba con el ex director de Contrainteligencia de la SIDE y diputado K Rodolfo Tailhade.
En otra, en marzo del 2023, Rosatti denunció penalmente que le aparecieron cuatro líneas telefónicas a su nombre. Esa presentación destapó que, en realidad, las líneas eran cinco y que, además de Rosatti, se habían registrado líneas a nombre de del vicepresidente de la Corte Carlos Rosenkrantz, la jueza de Posadas Verónica Skanatta o el entonces gobernador de la provincia de Misiones Oscar Herrera Ahuad, y su sucesor y actual mandatario Hugo Passalacqua. Se presume que querían meter a Rosatti en una falsa denuncia de pornografía infantil.
En el marco de una causa conexa, también se investiga el hackeo a los celulares de un grupo de jueces en un mismo período -octubre de 2022-, entre los cuales estaban los jueces de Casación Mariano Borinsky y Gustavo Hornos y los jueces de tribunal oral Andrés Basso y Rodrigo Giménez Uriburu, todos que intervinieron o investigaron en causas en que está imputado la ex presidenta Cristina Kirchner.
Ayer, la delegación DUOF de la Policía Federal de San Luis recibió un llamado de un hombre que dijo ser Horacio Rosatti, Presidente de la Corte Suprema de la Nación, y pretendía hablar con un encargado: reclamaba que se le informara si había detenidos en esas dependencia, si los alojados estaban en condiciones humanas y si había superpoblación, en el marco de averiguaciones por los derechos humanos de los presos. En ese momento al supuesto Rosatti le dijeron que en ese momento el encargado no estaba y el sargento de guardia le solicitó que dejara un número telefónico. Pero el supuesto presidente de la Corte le respondíó que estaba grabando la llamada y que volvería a comunicarse más tarde.
Intrigado, el agente se comunicó con el titular de la dependencia y la situación pasó a conocimiento de la comisaria Claudia Beatriz Cecchini, de la División Seguridad y Custodia Corte Suprema de Justicia de la Nación. La situación fue comunicada a la auxiliar fiscal de San Luis Liliam Salinas, ante la posibilidad de un delito.
¿Por qué la situación llamó la atención? Porque la misma situación tuvo lugar hace unas semanas y se abrió una causa judicial para intentar esclarecer qué ocurrió. Está radicada en el juzgado federal 12, a cargo de Ariel Lijo, con la intervención del fiscal Franco Picardi.
Según consta en el oficio que el propio Lijo envió al titular de la Corte Suprema, el 25 de noviembre pasado, personal del Departamento Unidad Investigativa Contra la Corrupción de la Policía Federal Argentina informó al juzgado de turno que un llamado telefónico se había recibido en conmutador.
Una voz masculina decía ser el presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Horacio Rosatti, y solicitaba un relevamiento de las personas detenidas en las dependencias policiales, puntualmente la siguiente información: 1) nombre completo de los detenidos por dicha dependencia; 2) número de IPP o causa judicial; 3) tiempo que llevan detenidos en dependencia en alcaidías; 4) si son de 1ra o 2da reincidencia; y 4) teléfonos de sus familiares. En esa ocasión, el interlocutor aportó un número telefónico con prefijo de La Plata.
«Una vez anoticiada dicha situación, desde este juzgado se dispusieron con suma urgencia todas las diligencias pertinentes a los fines de identificar al sujeto que efectuó la comunicación que diera origen a este legajo y desentrañar la magnitud de los hechos», indicó el juzgado. Se ordenaron medidas de prueba que estaban en curso. En ese contexto tuvo lugar este segundo llamado que despertaron las alertas en la Corte Suprema. /Clarín