Tras la polémica con la UIA por la apertura importadora, el Gobierno enviará al Congreso el proyecto para alentar las inversiones de las pequeñas y medianas empresas.
El proyecto oficial incorpora las sugerencias realizadas por algunas cámaras empresariales, como la propia UIA y la CAME, además de pedidos realizados por pymes del interior del país.
El nuevo régimen se enfocará en inversiones «incrementales» e incluirá medidas como la amortización acelerada.
Estaría destinado a inversiones de entre u$s150.000 y u$s30 millones, e incluye beneficios impositivos, desgravación de derechos de exportación para bienes industriales, devolución anticipada del IVA y otros beneficios.
Y prevé la entrega de un bono para las Pymes que tomen trabajadores del sector público a nivel nacional, provincial y comunal.
El proyecto incluye beneficios para inversiones que superen el umbral de los 150 mil dólares en el caso de las empresas micro; 600 mil dólares en las pequeñas; 3,5 millones de dólares en las empresas del tramo 1; 9 millones de dólares en las empresas del tramo 2; y 30 millones en el resto.
A su vez, en lo relacionado al régimen laboral y el fomento al empleo formal, la iniciativa contempla la actualización laboral de la Ley de Contrato de Trabajo según está contemplado en el DNU 70/23 y de la modernización del Régimen de Trabajo Agrario, al tiempo que prevé la reducción de contribuciones patronales sobre empleos incrementales, y un bono de crédito fiscal para empresas que tomen trabajadores del sector público nacional, provincial y municipal.
En el caso de los empleos incrementales, habrá un bono de crédito fiscal sobre un porcentaje de las sumas abonadas en concepto de contribuciones patronales al SIPA para los nuevos empleos incrementales y por el término de 1 año. Y un bono de crédito fiscal sobre las sumas abonadas en concepto de contribuciones patronales al SIPA para la contratación de trabajadores del Sector Público Nacional, Provincial y Municipal, por el término de 2 años. Se excluye del beneficio la contratación de funcionarios públicos.
La esencia del proyecto busca evitar un impacto negativo en los ingresos fiscales del Gobierno y el sector de maquinaria agrícola se perfila como uno de los beneficiarios potenciales de este nuevo esquema.
En el caso de la amortización acelerada, se prevé la reducción de los plazos de amortización de bienes en el impuesto a las ganancias.
Para la devolución anticipada de IVA, se reducirán los plazos de 6 a 3 meses.
En cuanto a la desgravación de derechos de exportación, será para MiPyMEs exportadoras de bienes industriales sobre exportaciones incrementales (posiciones arancelarias a determinar).
Además, habrá una postergación de la valuación de la hacienda al momento de la efectiva venta del ganado. Hasta tanto se pagará IIGG sobre la valuación fiscal.
En el caso de inversión en sistemas de riego y mallas anti granizo, habrá amortización acelerada y devolución anticipada de IVA.
Y se aplicará una reducción de la alícuota de IVA a la energía para sistemas de riego agrícola, del 27% a 10,5%.
En el caso de las prendas, se hará una actualización del régimen, 100% digital y a distancia. Y se derogarán Regímenes de Promoción (Biotecnología Moderna y Programa Nacional de Apoyo al Empresariado Joven).
El proyecto ofrecerá beneficios fiscales, como la reducción de la alícuota del Impuesto a las Ganancias para los trabajadores de las pymes, la amortización acelerada de bienes muebles e infraestructura y la transferencia de quebrantos impositivos no absorbidos dentro de los primeros cinco años.
Además, buscará que las pymes puedan obtener una devolución acelerada de saldos a favor del IVA en un plazo máximo de tres meses.
Se prevé además la exención de derechos de importación para bienes de capital, repuestos, partes e insumos. Y la posibilidad de acceder a beneficios cambiarios, como la libre disponibilidad de divisas para exportaciones de manera gradual.
El espíritu de la norma que se enviará al Congreso será garantizar una estabilidad a largo plazo, que podría rondar los 30 años.
En ese marco, el titular de la Cámara Argentina del Acero, Martín Berardi, explicó que las empresas chicas «también necesitan incentivos para modernizarse».
Berardi insistió en que el Estado debe proteger la industria de las importaciones desleales. Propuso aplicar «cupos, salvaguardas y aranceles» como barrera contra la competencia desleal.
El sector siderúrgico rechaza, además, que se permita la exportación de chatarra. «La chatarra es fundamental para la industria siderúrgica», explicó. La Argentina importa hierro de Brasil, debido a la baja calidad de su propio mineral. La chatarra, reciclable y esencial para reducir emisiones, es clave para la sostenibilidad de la industria siderúrgica local.
El proyecto que se enviará al Congreso incluiría una rebaja de cargas patronales durante los primeros dos años para todos los nuevos trabajadores incorporados por las pymes. Podría ser 60% de descuento durante el primer año y 50% el segundo año.