La Justicia Federal con asiento en Tucumán dispuso el procesamiento de los tres policías imputados por el secuestro extorsivo de un joven que fue retirado de su hogar en la zona sudeste de San Miguel de Tucumán, simulando un operativo de la fuerza de seguridad provincial.
Según la hipótesis acusadora, el 23 de febrero el oficial principal Ángel Sebastián Gómez, junto al cabo Sergio Daniel Díaz, el agente Franco Javier Jiménez y al menos una persona más que aún no fue identificada, raptaron a la víctima de una casa de Silvano Bores al 300.
Por orden del juez federal Juan Manuel Díaz Vélez, los tres uniformados quedaron privados de la libertad con prisión preventiva y se les aplicó un embargo por $ 2 millones.
Según la denuncia tomada por el fiscal federal Agustín Chit, ese día Gómez, Díaz, Jiménez y un cuarto hombre fueron en las últimas horas del día a la casa de la víctima.
Cuando salió, fue introducido a la fuerza en un automóvil Renault Megane que sería de Díaz, en el que fue trasladado a la Jefatura de la Zona III, de la Unidad Regional Capital de la Policía, ubicada en el pasaje 20 de Junio al 300, en la zona de San Cayetano.
Durante el traslado, el joven fue agredido físicamente por uno de los secuestradores, que iba vestido una camiseta de Atlético, hasta que llegaron al inmueble policial, donde fue llevado al comedor que está instalado en el fondo, reducto que fue usado para seguir con el castigo esta vez desnudo y fotografiado por los acusados.
Luego una parte del grupo volvió a la casa de Silvano Bores y le demandó a un allegado de la víctima que les proporcionaran el número de teléfono de algún familiar para “arreglar” la situación. El testigo les dio el número de la madre del joven secuestrado.
Los policías llamaron a la mujer y le dijeron que tenían elementos para vincular a la víctima del delito en curso con el tráfico de estupefacientes, pero que, si pagaba una suma de dinero que le impusieron como rescate, lo dejarían en libertad y no volvería a tener problemas.
La mujer accedió a negociar y fue convocada a la dependencia policial donde tenían cautivo a su hijo, para demostrarle que lo tenían encerrado y habló con los autores de la captura, que le pidieron $ 200.000, a lo que la mujer les respondió que tenía que ir a buscar el dinero, logrando salir del lugar.
El ingreso del joven a la dependencia policial no quedó registrado en ningún libro, tampoco había una orden para su aprehensión ni una pesquisa que lo involucrara en la Fiscalía especializada en Narcomenudeo.
Cerca de las 2 de la madrugada del 24 de febrero, la madre de la víctima regresó a la dependencia policial con el dinero que le habían pedido y se retiró del lugar junto a su hijo, luego de poner $ 240.000 en manos de los secuestradores.
El fiscal Chit argumentó que, a criterio del ministerio Público Fiscal, el caso configuraba un secuestro extorsivo, agravado por haberse registrado el cobro de un rescate, por la intervención de tres o más personas y por la condición policial de los involucrados.
En caso ser condenados en esas condiciones, los uniformados podrían recibir una pena de entre 10 y 25 años de prisión efectiva.
Entre las pruebas para sostener la acusación, el fiscal incluyó los testimonios de la madre de la víctima y el de un policía que estuvo de guardia en la Jefatura de Zona III y que habría visto cuando llegaron sus colegas con un supuesto detenido.
También se sumaron al expediente los registros telefónicos de los celulares de Díaz, Jiménez y Gómez y los videos de las cámaras de seguridad de un barrio privado cercano a la casa donde raptaron al joven, que registraron el paso del Renault Megane.
El 27 de febrero Díaz y Gómez fueron indagados y se abstuvieron de declarar por consejo de sus defensores; al día siguiente Díaz se presentó para contar su versión: negó todo y afirmó que ese día fue a tomar un café con Gómez y que cuando volvían en su auto subieron a un conocido al vehículo que les pidió ir hasta Silvano Bores al 300.
Agregó que al ver que esa persona estaba comprando flores de marihuana decidieron actuar como policías y detener a un sospechoso.
Tras la exposición de los argumentos, el juez federal Díaz Vélez convalidó la solicitud fiscal de procesar a los denunciados, aplicarles la prisión preventiva y trabar un embargo de $ 2 millones.