San Miguel de Tucumán concentra $ 1,21 billones en deudas personales y familiares, equivalentes al 44,38% de los $2,72 billones acumulados en toda la provincia. La capital reúne además el 45,13% de la cartera en mora, en un escenario marcado por salarios rezagados, elevada informalidad laboral y un creciente uso del crédito para cubrir gastos básicos.
Los datos surgen de un análisis de Recupero Crediticio by Ostengo basado en el Mapa de la Deuda, elaborado por el Centro de Estudios de la Ciudad (CEC). El diagnóstico advierte que las familias recurren cada vez más a tarjetas, billeteras virtuales y préstamos extrabancarios para financiar alimentos, servicios y otros consumos cotidianos.
De los $ 552.131,7 millones en mora sistémica registrados en Tucumán, $ 249.198,72 millones corresponden a la capital. En otras palabras, casi la mitad de los incumplimientos provinciales está concentrada en un solo departamento.
Para Raúl Ostengo, socio de la firma especializada en soluciones de cobranza, San Miguel de Tucumán funciona como una “caja de resonancia” de la pérdida de poder adquisitivo que afecta al consumo de los hogares.
A diferencia de los departamentos vinculados con actividades agroindustriales, cuya dinámica está condicionada por las cosechas de limón y caña de azúcar, la capital concentra empleo administrativo estatal, servicios financieros, comercio e informalidad urbana.
La falta de ahorro o de fondos para afrontar contingencias obliga a numerosos hogares a utilizar sistemáticamente tarjetas de crédito y préstamos no bancarios para comprar bienes de primera necesidad. Esa conducta elevó los niveles de irregularidad del crédito de consumo a registros que el informe considera sin precedentes.
El endeudamiento aparece así como una respuesta a una economía que avanza a distintas velocidades. Las empresas buscan financiamiento para sostener sus estructuras ante la debilidad del consumo, mientras que los hogares toman préstamos para completar el mes y no necesariamente para adquirir bienes durables.
La inflación continúa superando la evolución de los salarios. En los sectores de menores ingresos, las remuneraciones alcanzan para cubrir apenas el 60% de la canasta de vida provincial, según el análisis privado.
La situación presenta características diferentes según la edad. Los jóvenes de hasta 25 años aparecen entre los grupos más expuestos por la combinación de precariedad laboral, fácil acceso al crédito digital, falta de educación financiera y escasa experiencia para evaluar compromisos a largo plazo.
La informalidad laboral entre los jóvenes supera el promedio provincial del 51,5%. Al carecer de recibo de sueldo y antecedentes dentro del sistema financiero, muchos no consiguen créditos bancarios y recurren a proveedores no financieros y billeteras virtuales.
Esos instrumentos aplican, según el informe, una tasa nominal anual promedio equivalente al 144% real. Los préstamos suelen destinarse a consumos diarios de subsistencia, lo que genera una mora masiva y difícil de reducir aun cuando cambien las condiciones económicas.
El crédito también es utilizado por jóvenes para sostener carreras universitarias o proyectos de formación. Sin embargo, la precariedad de sus ingresos y el costo del financiamiento pueden dejarlos atrapados en obligaciones que exceden su capacidad de pago.
Entre los 46 y los 65 años se concentra el mayor volumen de deuda. Ese grupo incluye a trabajadores formales del sector público —como docentes, empleados municipales y personal sanitario— y a asalariados industriales.
La estabilidad de sus ingresos permite que registren una tasa individual de morosidad menor. No obstante, el monto acumulado de sus compromisos es considerablemente más alto, lo que expone a las entidades bancarias a un riesgo importante ante eventuales despidos o nuevas pérdidas de poder adquisitivo.
Las personas mayores de 75 años constituyen otro segmento especialmente vulnerable. Recupero Crediticio atribuye su deterioro financiero al atraso de las jubilaciones mínimas frente al aumento de los servicios públicos regulados.
El informe proyecta que las tarifas pagadas por los usuarios llegarán a representar casi el 86% del costo real de la electricidad durante 2026. Para la consultora, esta combinación provoca entre jubilados y adultos mayores un incumplimiento silencioso, pero de carácter estructural.
Las diferencias en los montos adeudados reflejan la segmentación socioeconómica de la provincia. Dentro del sistema formal, la deuda promedio por persona supera los $6 millones en los bancos públicos y ronda los $ 3,8 millones en las entidades privadas.
Esos montos están impulsados por operaciones de mayor escala, como préstamos prendarios, adelantos en cuenta corriente y créditos personales a tasa fija contratados durante períodos anteriores.
La situación más crítica aparece en la base de la pirámide social. Las personas excluidas del sistema bancario se financian mediante prestamistas, tarjetas no bancarias, billeteras digitales y otros proveedores extrabancarios.
En ese circuito, los créditos iniciales son menores: oscilan, en promedio, entre $ 950.000 y $1,1 millón. Sin embargo, las tasas elevadas y la inestabilidad de los ingresos hacen que los atrasos tengan un impacto proporcionalmente mayor sobre las finanzas domésticas.
El diagnóstico muestra que el problema ya no se limita al monto total adeudado. El riesgo central reside en el destino del crédito: ante la falta de recuperación del salario y el consumo, una parte creciente de las familias tucumanas se endeuda para subsistir y no para mejorar su patrimonio./Contexto