La inminente implementación de un nuevo régimen penal juvenil abrió en Tucumán una mesa de trabajo que reunió a representantes de los tres poderes del Estado. El objetivo es avanzar en una normativa que permita aplicar el nuevo esquema en la provincia, pero que al mismo tiempo contemple las particularidades locales y ponga el foco en la recuperación y reinserción de los adolescentes que entren en conflicto con la ley.
El encuentro fue encabezado por el vicegobernador y presidente de la Legislatura, Miguel Acevedo, y contó con la participación del presidente de la Corte Suprema de Justicia, Daniel Leiva, junto a los vocales del alto tribunal; el ministro Público Fiscal, Edmundo Jiménez; el ministro Pupilar y de la Defensa, Washington Navarro Dávila; la ministra de Educación, Susana Montaldo; y el ministro de Desarrollo Social, Federico Masso.
También participaron legisladores, magistrados, funcionarios y representantes de organismos especializados. Desde el área educativa estuvieron la secretaria de Estado de Educación, Gabriela Gallardo; el subsecretario de Asistencia Legal y Técnica, Facundo Juez Pérez; y la directora de Educación Secundaria, Rosa Casares.
Una ley pensada para Tucumán
Acevedo calificó la reunión como “muy positiva” y destacó la coordinación entre los distintos poderes, aunque remarcó que cada uno debe mantener su independencia. Frente al cambio de legislación, planteó la necesidad de que Tucumán prepare una respuesta propia, adaptada a su realidad.
“Es necesario que en Tucumán arbitremos las medidas necesarias para cuando se implemente. No es la misma idiosincrasia que tienen en Buenos Aires que lo que podemos sentir o ver acá”, sostuvo.
En ese sentido, el vicegobernador señaló que el desafío no debería reducirse al castigo de los jóvenes que cometan delitos. “Debemos rescatarlos, recuperarlos”, afirmó, y sostuvo que la futura legislación debe permitir que el sistema penal juvenil sea aplicable en la provincia “de la mejor manera”, con una mirada que contemple también el cuidado de los adolescentes.
La discusión, por lo tanto, no se limita a determinar qué penas se aplicarán. También incluye qué herramientas tendrá el Estado para evitar que un joven que atraviesa una condena quede atrapado en una trayectoria delictiva y pueda volver a integrarse a la sociedad.
El desafío para la Justicia
Para Edmundo Jiménez, la coordinación entre las distintas áreas del Estado será determinante para llevar adelante la futura normativa. El jefe de los fiscales destacó que todos los poderes tendrán participación en la ejecución de la nueva legislación nacional.
El ministro Público Fiscal consideró, además, que el debate tiene una relevancia particular por el sector de la población involucrado. “Esta es, quizás, la ley más importante que trate la Legislatura en su período, porque se trata de menores, de chicos, y hay que ser muy cuidadoso en todo esto”, señaló.
La puesta en marcha del nuevo régimen exigirá, de este modo, una articulación que exceda a los tribunales. La Justicia deberá intervenir junto con las áreas encargadas de educación, desarrollo social y asistencia a niños y adolescentes.
Educación y prevención, otra parte de la discusión
Desde el Poder Ejecutivo, Susana Montaldo puso el acento en la prevención y en las políticas de convivencia que ya se desarrollan en las escuelas tucumanas.
La ministra sostuvo que la reunión de representantes de los tres poderes resulta relevante por el impacto que la reforma tendrá sobre los jóvenes y sobre la sociedad en su conjunto. En esa línea, recordó que la cartera educativa trabaja desde el comienzo de la gestión con programas vinculados a la salud socioemocional y al acompañamiento de alumnos y familias.
Uno de los ejes de ese trabajo es la mediación escolar. Montaldo destacó que actualmente existen alumnos mediadores de conflictos en las escuelas primarias y que el programa comenzó a extenderse al nivel secundario.
La iniciativa busca que los propios estudiantes incorporen herramientas para abordar de manera pacífica los conflictos que surgen dentro de las instituciones educativas. Para el Gobierno, esa tarea preventiva forma parte del mismo desafío que plantea el nuevo régimen penal juvenil: intervenir antes y después del delito para evitar que los adolescentes queden definitivamente vinculados con el sistema penal.
Tres proyectos en la Legislatura
El legislador Gerónimo Vargas Aignasse explicó que la Cámara trabaja sobre tres proyectos que ya cuentan con estado parlamentario y que buscan establecer el marco provincial para la aplicación del nuevo régimen.
La intención es que la legislación tucumana mantenga correspondencia con la normativa federal y con los tratados internacionales de derechos humanos, pero que además establezca herramientas concretas para la realidad provincial.
En ese esquema, la articulación con jueces y con los ministerios de Educación y Desarrollo Social aparece como uno de los puntos centrales. El desafío será construir un sistema que no se limite a determinar una sanción, sino que acompañe el proceso posterior.
“Buscamos que ese joven o ese menor que sufre una condena pueda, a partir de su proceso de recuperación, reinsertarse en la sociedad, poner fin a su trayectoria criminal y bajar la posibilidad de que pueda reincidir y dañar a la sociedad”, explicó Vargas Aignasse.
Fuente: La Gaceta