El incendio intencional de un vehículo de alta gama en Yerba Buena, que resultó completamente destruido, ha sacudido a la comunidad y destapado una trama de violencia y amenazas. Los peritos confirmaron que el siniestro, ocurrido el 25 de diciembre, fue provocado, y la investigación avanza mientras la víctima reclama medidas de protección en los Tribunales tucumanos.
Todo comenzó el 1 de diciembre, cuando Julio Ale protagonizó una pelea en una fiesta en Ohuanta, San Pablo, con un hombre apodado “El Pelao” y el empleado judicial J.M.F. Aunque no fueron formalmente acusados de ningún delito, los incidentes continuaron semanas después. El 14 de diciembre, Ale fue atacado en un boliche por un grupo que incluía a los mismos hombres. A pesar de la golpiza, no presentó una denuncia por temor a represalias.
El 25 de diciembre, mientras Ale disfrutaba del día en El Cadillal, un amigo lo llamó para informarle que su BMW 335i, estacionado frente a su domicilio en la calle Perú al 1300, había sido incendiado. Horas más tarde, las imágenes de cámaras de seguridad y testimonios revelaron que una camioneta VW Amarok se detuvo en la esquina de Perú y Salta, y que un hombre, identificado como el empleado judicial, descendió con un bidón, vertió un líquido inflamable sobre el vehículo, lo encendió y huyó.
La denuncia formal fue presentada por Ale con la asistencia de los abogados Florencia Abdala y Camilo Atim. Los peritos de la Dirección General de Bomberos confirmaron que el ataque fue deliberado, especificando que el fuego fue iniciado en la parte frontal del automóvil, entre el capó y el parabrisas. Ante estos hallazgos, el fiscal Carlos Sale se declaró incompetente y derivó el caso a su colega Gerardo Salas.
La víctima, un joven empresario dedicado a la comercialización de alimentos y actividades agrícolas, aseguró haber recibido amenazas de muerte. “Allegados me avisaron que estas personas estaban dispuestas a pegarme un tiro”, declaró en su denuncia. Sus abogados exigen que se le otorguen medidas de protección, enfatizando que los atacantes son personas peligrosas que actuaron sin medir las consecuencias.
Los antecedentes de los sospechosos agravan el caso detallan que “El Pelao” está involucrado en causas de robo, usurpación y amenazas, y tendría un pedido de captura vigente. Por su parte, el empleado judicial señalado ya había sido sumariado y desplazado de su cargo por irregularidades con expedientes, aunque no se confirmó que la Corte Suprema de Justicia haya tomado medidas adicionales en su contra.
El caso pone en evidencia una alarmante escalada de violencia que, además de destruir bienes materiales, pone en peligro la vida de quienes se atreven a denunciar. La justicia tucumana enfrenta el desafío de esclarecer el incidente y garantizar la seguridad de la víctima en un contexto marcado por la impunidad y el temor.