El derrotero lleva 20 años, cuatro juicios, nueve condenados y una trama de encubrimiento que permitió la impunidad. Pasaron dos décadas desde que Paulina Lebbos (23) no regresó a su casa después de ir a bailar. Y también desde que su papá apuntó contra su ex pareja: Víctor César Soto (44). Este lunes 9 de marzo empezará el juicio.
Paulina tenía 23 años y estudiaba Comunicación Social en la Universidad Nacional de Tucumán. El 26 de febrero de 2006 había aprobado un final y decidió salir a bailar al boliche «Gitana» junto a su amiga Virginia Mercado para celebrar.
Al terminar la noche se tomaron juntas un remís y esa es la última verdad. Paulina, según dijo Virginia -que reconoció haber mentido en sus declaraciones y que podría ser acusada de encubrimiento- dejó a su amiga en su casa, le pidió una mochila que había quedado allí antes de salir y debía seguir viaje hasta la casa del padre de su hija, César Soto. Nunca llegó.
La búsqueda fue desesperada. Su cuerpo fue encontrado 13 días después en la ruta 341, a la altura del kilómetro 3, en Tapia, a unos 30 kilómetros del centro de la ciudad. Desde entonces, las mentiras se apoderaron de la investigación y todavía no está claro qué pasó con ella.
Alberto, el padre de Paulina, se convirtió en un referente de la lucha contra la impunidad en la provincia.
Cómo era el vínculo de Soto con Paulina
César Soto tenía una relación con Paulina Lebbos atravesada por la violencia. Habían tenido una hija pero nunca convivieron. La joven vivía con sus padres, sus hermanas y su hija pero sostenía un vínculo intermitente con su ex. En las declaraciones iniciales, testigos -que después se desdijeron- hicieron referencia a reacciones violentas de Soto agrediendo a Paulina.
«Cuánto sufrimiento me hubiesen evitado si el lunes 27 de febrero de 2006, cuando llevé a César Soto a la Brigada de Investigaciones, y les dije que era el principal sospechoso del homicidio de Paulina, habrían hecho lo que tenían que hacer, ya estaba toda la maniobra de encubrimiento orquestada», dijo Alberto Lebbos cuando, finalmente, se definió la fecha de juicio contra el principal acusado por el crimen.
Soto tenía relación con la barra de Atlético Tucumán y se dedicaba al negocio de la reventa de entradas. Esa logística le permitió acercarse al poder, o a los hijos del poder, que durante esa época controlaba la provincia. Incluso lo señalaban por sus vínculos con el narcotráfico, algo que nunca pudo ser probado en la justicia.
Rosa del Carmen Racedo era la mamá de Paulina. Falleció poco después del crimen de su hija. En julio de 2006 declaró en el expediente frente al fiscal Carlos Albaca y, ya fallecida, su testimonio fue incorporado por lectura en el juicio de 2018. Albaca fue condenado por encubrimiento en 2021, precisamente por su actuación al frente de la causa de Paulina.
Rosa dijo sin dudar que el asesino de su hija era César Soto. “Esto lo afirmo porque conocí los últimos sucesos de mi hija hasta el momento de desaparecer”. Aseguró también que Paulina sufría «acoso» y «persecución» del padre de su hija, incluso que había sido víctima de un abuso.
La mujer transitaba una enfermedad terminal pero -junto a su marido- fue la primera en señalar a Soto. Esa línea de investigación no fue tenida en cuenta, tanto que no se secuestró la tarjeta SIM ni el teléfono de Soto, nunca lo detuvieron, nunca se incorporó a la causa una funda de almohada secuestrada en su casa que -se sospechaba- tenía manchas de sangre y hasta le permitieron ser querellante en el expediente.
El fiscal Diego López Ávila, que continuó la investigación de Albaca, reconoció que las muestras biológicas no eran aptas para realizar cotejos de ADN porque no habían sido puestas a resguardo correctamente.
Durante la investigación, los testigos -tanto en el expediente como en los juicios- insistían en la falta de recuerdos o caían contradicciones respecto de sus declaraciones previas. Incluso después del segundo juicio hubo 30 causas por falso testimonio y la mitad de esos testigos se fueron esposados de la sala de audiencias.
Albaca -según surgió en el tercer juicio por el crimen de Paulina– pedía informes a las compañías de teléfono siempre con un número equivocado, por eso no pudieron rastrear dónde ni con quién estaba Soto el día de la desaparición de la joven. Algo que sí se realizó años después y que permitió alcanzar la imputación.
El ex fiscal Albaca no sólo no investigó a Soto, sino que -a pesar de las sospechas alrededor de Soto- el fiscal le permitió ser querellante en la causa, dejando afuera a Alberto Lebbos, el papá de la víctima.
¿Cómo lo logró? Paulina tuvo una hija con Soto, pero él nunca la reconoció, la joven fue anotada con el apellido de su madre y, aunque no estaba a su cuidado, le cambió el apellido durante la investigación para que la justicia le permitiera representarla en el expediente. Esa maniobra dejó a la familia Lebbos fuera de la causa durante años.
La pregunta que rodeaba la acusación contra Soto es: ¿Por qué el poder político de Tucumán se complotaría para protegerlo?
Sin empleos conocidos y de origen humilde, no habría motivos más que sus vínculos con Atlético de Tucumán. De acuerdo a la acusación que lo llevará a juicio 20 años después, la punta del ovillo fue el análisis de sus registros telefónicos.
El día de la desaparición de Paulina tuvo incesantes comunicaciones telefónicas con Sergio Kaleñuk, dirigente del club y el nexo entre los negocios de la barra con la institución.
El día de la desaparición de Paulina, según consta en el expediente, no solo hablaron entre ellos sino también y con Nicolás Barrera, ex subjefe de Policía, condenado a cinco años y seis meses por su actuación en el encubrimiento del crimen.
Kaleñuk era el hijo del secretario privado de José Alperovich, entonces gobernador de la provincia, Juan Alberto Kaleñuk.
Tanta era la sospecha de la intervención de «los hijos del poder» en el crimen de Paulina que Daniel y Gabriel Alperovich (hijos del ex gobernador) declararon en varias oportunidades y hasta, por orden judicial, debieron aportar una muestra de ADN expediente para ser cotejada con los hallados en el cuerpo de la joven.
Lo cierto es que ambos fueron sobreseídos por falta de pruebas en su contra, algo que no logró Kaleñuk, que también será juzgado desde este 9 de marzo por el crimen de Paulina.
La acusación fiscal
Fueron los jueces Carlos Caramuti, Dante Ibáñez y Rafael Macoritto los que ordenaron en su sentencia de 2019 que se investigue a Soto y a Kaleñuk como responsables del crimen. Esa imputación se concretó justo sobre la fecha para evitar que prescriba la causa.
Según la acusación fiscal, el hecho ocurrió en la madrugada del domingo 26 de febrero de 2006, entre las 6.30 y las 7, en el domicilio de Soto, ubicado en la calle Estados Unidos 1250, en San Miguel de Tucumán.
Paulina, que tenía llave de ese departamento y solía ir a dormir con Soto, ingresó y tuvo una discusión con su pareja. “Aprovechando su preeminencia física y obrando con clara intención homicida, la tomó del cuello y la ahorcó con violencia durante el tiempo necesario para causarle la muerte por asfixia”, describió el Ministerio Público en su acusación.
Una vez asesinada Paulina, Soto “no actuó solo ni de manera improvisada”. Para el fiscal, el imputado “pidió ayuda para deshacerse del cuerpo” y, en colaboración de Sergio Kaleñuk, trasladó el cadáver.
“El ocultamiento del cuerpo formó parte de la misma secuencia criminal orientada a asegurar la impunidad”, aseguró en la acusación.
Para el fiscal Carlos Sale, Soto “no participó activamente de su búsqueda, incurrió en contradicciones y adoptó una conducta evasiva que resulta incompatible con la de quien desconoce lo ocurrido” y apuntó que estos elementos “adquieren especial relevancia cuando se los analiza en conjunto con el resto de la prueba”.
Desde este lunes, los jueces Fabián Fradejas, Luis Morales Lezica y Gustavo Romagnoli tendrán en sus manos la oportunidad de terminar con 20 años de impunidad y de resolver una de las causas más dolorosas de la provincia de Tucumán: ¿Quién mató a Paulina Lebbos? /Clarín