El legislador José Cano solicitó informes al Poder Ejecutivo tras una nueva muerte bajo custodia estatal: una adolescente de 17 años se suicidó en el Instituto Santa María Goretti, un espacio destinado a la protección de niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad. Este hecho se suma al reciente fallecimiento de Víctor Hugo Herrera en la comisaría de Los Pocitos, por el cual Cano ya había presentado un pedido de informe al Ministro de Seguridad, advirtiendo que las comisarías no están preparadas ni física ni operativamente para albergar personas privadas de su libertad.
“La muerte de una adolescente dentro de un dispositivo de protección estatal no puede ser tratada como un hecho aislado. Es una muestra del colapso del sistema y requiere respuestas inmediatas, transparentes y responsables”, sostuvo Cano. En ese sentido, presentó un pedido de informe al Ministro de Desarrollo Social de la provincia con 18 preguntas concretas que buscan reconstruir lo ocurrido y determinar responsabilidades.
Entre los puntos requeridos se destacan: la situación judicial y clínica de la adolescente; la capacitación del personal en salud mental infantil; las intervenciones del equipo interdisciplinario a cargo de su seguimiento; y las medidas adoptadas tras el suceso. También se exige información sobre su vínculo familiar, la existencia de antecedentes de autolesiones, y la contención implementada para las otras menores alojadas en el lugar.
Cano detalló que también se pidió conocer por qué una agente policial portaba su arma reglamentaria dentro del hogar, cómo fue el acceso de la adolescente al arma, qué protocolos se activaron tras el hecho, y si se inició una investigación interna. Además, el legislador requirió información sobre la situación actual del Instituto Goretti: número de adolescentes alojadas, perfiles de los casos admitidos, y recursos disponibles para abordar situaciones de salud mental severa.
“Queremos saber cómo una adolescente accedió a un arma dentro de un espacio que debería protegerla. Queremos saber quiénes estaban a cargo, qué controles se ejercieron y si se activaron los protocolos de emergencia. El silencio no es una opción”, afirmó el legislador radical.
Cano concluyó que estos casos marcan un antes y un después en la discusión sobre la responsabilidad estatal en contextos de encierro y cuidado: “No se trata solo de fallas humanas, sino de una estructura que está permitiendo que estas tragedias ocurran. La falta de planificación, control y formación está costando vidas. Y el Estado no puede seguir sin responder”.