El legislador radical José Cano salió con dureza al cruce del proyecto impulsado por Gerónimo Vargas Aignasse para incorporar al Código Procesal Penal de Tucumán una medida cautelar digital “hipersumarísima” que permitiría a jueces ordenar en un plazo de seis horas la eliminación, bloqueo o desindexación de contenidos publicados en Internet considerados injuriantes, sin audiencia previa de la otra parte.
Cano advirtió que la iniciativa implica un avance sobre materia federal y cuestionó la competencia de la Provincia para regular aspectos vinculados a calumnias e injurias. “Es materia federal y no puede legislarla la Provincia”, sostuvo, al recordar que el Código Penal de la Nación ya contempla las figuras de calumnias, injurias y falsa denuncia, así como las vías civiles para reclamar daños y perjuicios.
En ese sentido, el dirigente radical remarcó que “sólo el Congreso Nacional puede modificar el Código Penal o ampliar las tutelas vigentes”, y consideró que introducir una herramienta cautelar de estas características desde la Legislatura tucumana podría implicar un conflicto de competencias.
El proyecto de Vargas Aignasse —que cuenta con el respaldo del presidente subrogante de la Cámara, Sergio Mansilla, y del legislador Roque Argañaraz— plantea un procedimiento “urgentísimo” para frenar contenidos digitales que el juez considere “manifiestamente injuriantes”, con el argumento de que la viralización en redes sociales vuelve irreparable el daño si no se actúa con inmediatez.
Advertencia por la libertad de expresión
Cano sostuvo que la propuesta representa un “gravísimo menoscabo” a la libertad de expresión y habló directamente de un intento de “censura previa” en Tucumán, figura prohibida por la Constitución Nacional y por los tratados internacionales incorporados con jerarquía constitucional.
El legislador también recordó que Tucumán fue escenario reciente de decisiones judiciales que generaron repercusión nacional por restricciones a publicaciones periodísticas y en redes sociales, y advirtió que avanzar en una norma de este tipo podría profundizar ese debate.
Según Cano, institucionalizar una medida que permita remover contenidos sin escuchar previamente a la otra parte supone una “regresión legislativa grave” y un anticipo de jurisdicción, al habilitar un prejuzgamiento cautelar antes de que se sustancien las investigaciones correspondientes.
Debate abierto en la Legislatura
El proyecto de Vargas Aignasse sostiene que la herramienta sólo procedería ante casos “manifiestos, inequívocos y acreditados” de calumnias o injurias, e incorpora lo que denomina un “candado normativo” para evitar afectar opiniones o críticas de interés público. Sin embargo, para la oposición, el mecanismo podría generar un efecto inhibidor sobre periodistas, dirigentes y ciudadanos que participen del debate público.
“Proyectos de este tipo no pueden tener cobijo en la Legislatura”, concluyó Cano, al afirmar que están en juego derechos constitucionales básicos y el equilibrio entre la protección del honor y la plena vigencia de la libertad de expresión.
Fuente: Contexto