Lucía frunció el ceño y quedó con la vista congelada en el celular. Miró cómo las solicitudes y los mensajes se acumulaban. Se horrorizó ante lo que la pantalla le devolvía y allí mismo se vio hundida en un drama que todavía no pudo superar. Lucía -el nombre es ficticio y su identidad verdadera se mantiene en reserva- tiene 15 años y cursa el nivel secundario en el Instituto Superior de Comercio Manuel Belgrano, en Córdoba. Es una de las víctimas del caso por el que otro estudiante -de 18 años- de ese colegio enfrenta más de 20 años de cárcel. El motivo: utilizar inteligencia artificial (IA) para superponer las caras de adolescentes en fotos y videos pornográficos.
Lucía advirtió de inmediato lo que estaba pasando: entre la marea de solicitudes en su cuenta de Instagram, habló con uno de los usuarios que intentaban contactarla y comprobó que su cara y su nombre real aparecían en sitios para adultos junto a leyendas agraviantes por su condición de mujer. Notó que no era la única, sino que varias chicas del colegio habían sufrido el mismo ataque.
El caso circuló rápido en los pasillos y aulas del Belgrano: no solo por la cantidad de víctimas, sino porque J.C, el alumno involucrado, había admitido el hecho a sus amigos del último año en el colegio, dependiente de la Universidad Nacional de Córdoba.
La investigación
Las denuncias no tardaron en llegar. Corría julio de 2024 cuando Juan Ávila Echenique, a cargo de la Fiscalía de Delitos contra la Integridad Sexual de Córdoba, recibió la primera acusación con nombre y apellido. Sin embargo, se encontró con limitaciones legales debido a que las víctimas eran menores. El caso llegó a manos de Pablo Cuenca Tagle, titular de la Fiscalía de Instrucción de Violencia de Género y Familiar de Sexto Turno.
“Hay que entender una cosa: esto no fue un chiste o una travesura de un pibe. Esto no es broma, no es bullying: es un delito con consecuencias severas para las víctimas”, advirtió el fiscal. Si el expediente avanza, un tribunal oral decidirá la suerte de un joven que agredió la integridad sexual de adolescentes mediante el uso del Face Swapping o reemplazo facial digital, como se conoce la técnica que utiliza algoritmos de IA para reemplazar o superponer el rostro de una persona sobre el de otra en imágenes o videos.
La elevación a juicio realizada por Cuenca Tagle contempla dos casos, y ya tramitan en la fiscalía otras 13 denuncias de adolescentes damnificadas. En adelante, el desarrollo de la causa pondrá a prueba su encuadre legal, dada la falta de tipificación para estos hechos en el Código Penal.
El caso que reaviva un debate: cuando el uso de la inteligencia artificial daña a las víctimas
La causa va camino a convertirse en un leading case en la Argentina sobre la aplicación de la ley penal, cuando el uso de inteligencia artificial (IA) provoca graves daños en las víctimas.
“Más allá de que el Congreso podría discutir y sancionar leyes específicas que tipifiquen maniobras como el Face Swapping, la conducta desplegada en el caso encuadra en el delito de lesiones psicológicas graves calificadas por mediar violencia de género. Con su accionar, el imputado provocó traumas psicológicos en las víctimas, como disminución del rendimiento escolar y deportivo, desgano, falta de ánimo, vergüenza, temor a encontrarse solas o subir fotos a las redes, entre otras. Todo a consecuencia y como resultado de las conductas atribuidas al imputado”, subraya Cuenca Tagle en conversación con TN. El delito de lesiones a la salud física o mental está previsto en el artículo 92 -segundo supuesto- en función de los artículos 90 y 80 inciso 11 del Código Penal.
El abogado José D’Antona, que patrocina a las dos víctimas, destacó que las pericias realizadas en la investigación concluyeron que las adolescentes habían sufrido cambios en su rendimiento académico, sus actividades deportivas, sus vínculos con varones, sentimientos de vergüenza e inseguridad. A los ojos de la fiscalía, la gravedad de las lesiones reside en que demandaron un tratamiento en salud mental durante más de seis meses, y sus efectos son coincidentes con un shock postraumático.
“La pena en expectativa por los dos primeros hechos que se han elevado a juicio parte de un mínimo de tres años y asciende a 20, según las reglas del concurso material en cuanto a la sumatoria de máximos. Tanto la pena que corresponde como su modalidad -efectiva o condicional- son cuestiones que deben ser mensuradas en el debate, si es que la causa progresa a la instancia de juicio”, explica Cuenca Tagle, y advierte: “Hay al menos 13 víctimas más, sobre las cuales aún no se han efectuado pericias ni se ha instado la acción penal. Serán citadas la semana que viene a declarar, por lo que eventualmente, si se le atribuyen nuevos hechos, la pena podría incrementarse en los márgenes antes mencionados”.
“Sacaba una foto tuya de Instagram u otras distintas redes sociales, la trasplantaba y la montaba luego en videos pornográficos de distintos sitios”, mencionó D’Antona sobre el modus operandi del imputado. “El agravante es que más allá del montaje y que quedaba tu rostro en un video pornográfico, vos en realidad no habías participado ni tenías intención ni hacerlo. Usaba el nombre real de las víctimas”, agregó en declaraciones a 104.1 Radio Power.
Según D’Antona, la causa “va a terminar sí o sí en juicio porque existe un cuadro probatorio absolutamente contundente”.
Sobre la falta de tipificación de estos hechos en el Código Penal, expresó: “Acá no hay que hacer una reforma estructural costosa o lenta. Lo que hay que hacer simplemente es agregar un tipo penal de cinco renglones, que un miércoles lo trate Diputados, que el jueves de la semana siguiente lo trate el Senado y a los dos días esté reglamentado por el Poder Ejecutivo.
Y concluyó: “Vas a Uruguay -no hablo de los Estados Unidos o países del presunto primer mundo- y esta misma situación es un delito. Nosotros, como siempre, venimos 10 pasos para atrás”.
TN contactó a Claudio Orosz, abogado defensor del imputado. “No tengo el consentimiento de la familia para hablar del tema y queda mucho camino por recorrer: hay varios casos sin indagar”, fue su respuesta.
Un caso similar en la provincia de Buenos Aires
En octubre del año pasado, una denuncia tronó en el Colegio Agustiniano de San Martín, de educación religiosa y gestión privada. Un grupo de padres y madres acusó a un alumno de 15 años de vender fotos de sus compañeras modificadas con inteligencia artificial (IA) para que aparecieran desnudas.
El adolescente creó su propio negocio ilegal al comercializar estas imágenes falsas. Tras los allanamientos y el secuestro del celular y la computadora del chico, la Fiscalía de Responsabilidad Penal Juvenil de San Martín comprobó, entre otros hechos, que uno de los grupos creados por el involucrado tenía el nombre de “Colegialas” y llegó a acumular hasta 8000 suscriptores.
Según pudo saber TN a través de fuentes judiciales, el alumno primero difundía el material de forma gratuita. Sin embargo, luego empezó a vender el pack de fotos de sus compañeras a 25 mil pesos. Entre sus clientes había otros adolescentes y también adultos. La causa tiene más de 20 víctimas.
En cuanto a su accionar, las fuentes indicaron que el adolescente denunciado robaba las fotos que sus compañeras subían a Instagram y las guardaba en una carpeta de Google Drive en su computadora. Luego, usaba una herramienta que funciona con IA para “desnudarlas”. Las caras de las adolescentes eran reales, pero el cuerpo no.
Todo era compartido a través de Discord, una plataforma virtual en la que los usuarios tienen la capacidad de comunicarse por llamadas de voz, videollamadas, mensajes de texto o con archivos y contenido multimedia en conversaciones privadas o como parte de comunidades llamadas “servidores”. /TN