Para “proteger el orden constitucional de actividades antiestatales”, el pasado 3 de diciembre Yoon Suk-yeol, presidente de Corea del Sur, declaró la ley marcial en ese país asiático. Sin embargo, presionado por una Asamblea Nacional dominada por la oposición, la levantó seis horas después de promulgarla, en una acción que marcó el principio del fin para su gestión.
Es que este viernes, cuatro meses después de tomar aquella decisión, el Tribunal Constitucional de Corea del Sur aprobó de manera unánime la destitución del dirigente político que permanecía suspendido de sus funciones desde hace más de 100 días, cuando la Asamblea Nacional aprobó una moción para lograr este último resultado.
El fallo fue adoptado con el voto a favor de los ocho jueces del máximo tribunal surcoreano. Para que la destitución fuera ratificada, se requería el respaldo de al menos seis de los ocho magistrados que componen la instancia.
El tribunal concluyó que Yoon violó la Constitución al declarar la ley marcial y enviar al Ejército al Parlamento para impedir que los legisladores anularan el decreto. El mandatario ha negado todos los cargos.
El fallo, leído por el presidente interino del tribunal, Moon Hyung-bae, tiene efecto inmediato y es irrevocable, por lo que Yoon queda apartado del cargo formalmente y el país deberá celebrar elecciones presidenciales anticipadas en un plazo máximo de dos meses.
El argumento del Tribunal: “La crisis política no justifica las acciones”
En la lectura del veredicto, Moon explicó que «la crisis política no justifica las acciones tomadas” y argumentó que “la situación en la Asamblea Nacional en ese momento no justificaba el ejercicio de poderes nacionales de emergencia”.
El tribunal subrayó también que el presidente incurrió en una violación sustancial de la ley al impedir el ejercicio de las funciones legislativas. También concluyó que Yoon infringió disposiciones constitucionales al violar el derecho de los legisladores a deliberar y votar, así como su inmunidad parlamentaria.
Agregó que el presidente utilizó fuerzas armadas con fines políticos, lo que constituyó una grave transgresión de la neutralidad política del Ejército y de su deber como comandante en jefe.
El proceso ha estado marcado por una fuerte polarización social y política, con protestas masivas en todo el país y encuestas que mostraban alrededor del 60 % de apoyo ciudadano a la destitución.
El principal partido opositor celebró la decisión como una «victoria del pueblo», mientras que el partido oficialista declaró que «acepta humildemente» el veredicto del tribunal.
El presidente interino Han Duck-soo aseguró que el Gobierno trabajará para garantizar una transición de liderazgo sin contratiempos hasta la elección del nuevo jefe de Estado, prometiendo que no habrá vacíos en áreas clave como la seguridad nacional y la política exterior durante el periodo de interinato.
El oficialismo “aceptó humildemente” la destitución de Yoon
La fuerza gobernante de Corea del Sur, el Partido del Poder Popular (PPP), dijo este viernes que «acepta humildemente» la destitución definitiva del presidente surcoreano Yoon Suk-yeol.
«Aunque es lamentable, el PPP acepta solemnemente y respeta con humildad la decisión del Tribunal Constitucional», declaró el líder interino del PPP, Kwon Young-se, poco después del anuncio.
Kwon afirmó que el PPP asume «plena responsabilidad» por no cumplir con su función como partido gobernante, y enfatizó que se debe respetar la decisión del tribunal, ya que es «la manera de defender la democracia y el Estado de derecho».
No obstante, definió como «tiranía política» la presión impuesta por el principal partido de la oposición, el Partido Democrático (PD), ya que la Asamblea Nacional está controlada por el mismo.
Mientras tanto, el presidente interino Han Duck-soo se comprometió este viernes a garantizar la estabilidad en la seguridad nacional y la diplomacia tras el fallo del tribunal y dijo que se asegurará de que «no haya vacíos en materia de seguridad nacional ni en asuntos exteriores», declaró Han en un discurso televisado a la nación.
«También haré todo lo posible para garantizar que no haya interrupciones al abordar asuntos urgentes como las disputas comerciales, y para mantener firmemente el orden público para que nuestros ciudadanos se sientan seguros», añadió.