Una alta fuente de la Casa de Gobierno confirmó que el gobierno de Javier Milei responderá de manera favorable al pedido del fiscal Eduardo Taiano para levantar el secreto de inteligencia relacionado con los «espías inorgánicos» que habrían colaborado con la SIDE y el Ejército antes y después del fallecimiento del fiscal Alberto Nisman. La medida, que apunta a esclarecer uno de los casos más controvertidos de la historia reciente, aún no cuenta con una definición concreta sobre su implementación.
El levantamiento del secreto requiere un decreto presidencial, y la búsqueda enfrenta dificultades, ya que estos informantes inorgánicos suelen ser pagos con fondos reservados y sus identidades no quedan registradas oficialmente. En contraste, los agentes orgánicos tienen una relación laboral formal con el organismo de inteligencia.
Hasta el momento, ni la actual SIDE, dirigida por Sergio Neiffert, ni el Ministerio de Defensa, encabezado por Luis Petri, han recibido instrucciones claras al respecto. El pedido incluye documentos que abarcan más de una década, desde la llegada de Nisman a la UFI AMIA en 2004 hasta su muerte en 2015.
Por otro lado, Elisa Carrió y Juan Manuel López, de la Coalición Cívica, solicitaron la indagatoria del ex viceministro de Seguridad, Sergio Berni, y otros exfuncionarios, señalándolos por presuntas irregularidades durante el procedimiento policial en el departamento de Nisman. Según su denuncia, estas irregularidades habrían tenido el propósito de encubrir a los responsables del homicidio.
La investigación también apunta a actividades de espionaje vinculadas a la gestión de César Milani en el Ejército y presuntas interferencias en bases de datos, mientras que detalles sobre posibles accesos no controlados a la escena del crimen aumentan las sospechas.
A medida que avanzan las pesquisas, crece la expectativa sobre el alcance de esta colaboración oficial y su impacto en la resolución de un caso que sigue generando debate político y judicial.