La Legislatura de Tucumán dio un nuevo paso en la elaboración de herramientas para enfrentar emergencias al presentar un proyecto de ley que propone crear el Sistema Provincial de Alerta Temprana y Gestión Integral del Riesgo, una estructura destinada a anticipar, coordinar y responder ante situaciones críticas provocadas por fenómenos naturales, eventos climáticos, emergencias sanitarias o incidentes derivados de la actividad humana.
La iniciativa, elaborada por la subcomisión de Alerta Temprana de la Comisión Especial de Emergencia Hídrica (CEEH), busca fortalecer las políticas preventivas y coordinar la actuación entre organismos provinciales, municipios y comunas, tomando como modelo el Sistema Nacional para la Gestión Integral del Riesgo (Sinagir).
El proyecto establece que la Dirección de Defensa Civil será la autoridad de aplicación y tendrá bajo su responsabilidad la creación de un Departamento de Monitoreo y Alerta Temprana con funcionamiento permanente. Ese organismo deberá realizar el seguimiento de amenazas naturales y antrópicas, procesar información estratégica, emitir alertas oficiales y desarrollar un mapa digital dinámico que concentre datos sobre riesgo hídrico, riesgo climático e infraestructura crítica en todo el territorio provincial.
Uno de los ejes centrales de la iniciativa es la implementación de un sistema unificado de alertas basado en cuatro niveles identificados por colores. El nivel verde corresponderá a situaciones de normalidad o de riesgo mínimo, en las que únicamente se requerirá un monitoreo habitual.
El amarillo se activará cuando existan condiciones propicias para fenómenos que puedan ocasionar daños menores, habilitando la difusión de recomendaciones preventivas. El nivel naranja advertirá sobre una alta probabilidad de eventos capaces de provocar importantes daños materiales y afectar servicios esenciales. Finalmente, el rojo se utilizará cuando exista una emergencia inminente o en desarrollo, lo que implicará la activación automática de protocolos de evacuación, rescate y despliegue operativo.
La propuesta también dispone que las alertas oficiales sean difundidas de manera amplia y prioritaria mediante plataformas tecnológicas, con el objetivo de garantizar que toda la población expuesta reciba la información de forma oportuna y sin barreras de acceso.
El texto legislativo lleva la firma del presidente de la Comisión Especial de Emergencia Hídrica, Tulio Caponio, junto a los legisladores Alberto Olea, José Cano, Walter Berarducci, Roque Argañaraz, Raúl Moreno, Christian Rodríguez, Francisco Serra, Carlos Gallia y Eduardo Verón Guerra.
La iniciativa fue entregada el viernes al vicegobernador Miguel Acevedo y está previsto que durante esta semana sea analizada por la comisión de Obras y Servicios Públicos, también presidida por Caponio, con el propósito de obtener dictamen e incorporarla al temario de la sesión prevista para fin de mes.
Entre las herramientas contempladas por el proyecto figura además la creación de un Registro de Recursos Materiales y Logísticos para Emergencias, que reunirá información actualizada sobre maquinaria vial, vehículos, embarcaciones, equipos de comunicación, grupos electrógenos y otros elementos necesarios para afrontar contingencias.
En paralelo, se conformará un Padrón de Personal de Emergencia y Voluntariado, integrado por representantes designados por municipios y comunas, técnicos de organismos públicos, bomberos voluntarios y organizaciones civiles con capacitación específica para intervenir en situaciones de riesgo.
En los fundamentos de la iniciativa, los legisladores sostienen que el proyecto busca modificar el paradigma tradicional de la protección civil, históricamente orientado a actuar una vez producida la emergencia. En ese sentido, remarcan que la experiencia internacional demuestra que los sistemas modernos de gestión del riesgo deben priorizar la prevención, el monitoreo permanente y la anticipación de escenarios críticos.
Finalmente, los impulsores del proyecto afirman que destinar recursos a la prevención implica proteger vidas, disminuir las pérdidas económicas, fortalecer la capacidad de respuesta del Estado y avanzar hacia una provincia con mayor preparación y resiliencia frente a los desafíos que plantean las emergencias del siglo XXI./Contexto