
El Gobierno de Javier Milei avanza en las negociaciones con gobernadores y fuerzas políticas aliadas para impulsar una reforma electoral que elimine las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) a partir de 2027. Como parte de ese proyecto, la Casa Rosada analiza un nuevo diseño de Boleta Única de Papel que permitiría que distintas listas de candidatos legislativos y, eventualmente, a gobernador, compartan un mismo candidato presidencial sin acumular votos entre categorías, en un esquema que difiere tanto de las tradicionales colectoras como de la Ley de Lemas.
El principal objetivo del oficialismo es conseguir el respaldo parlamentario necesario para suspender las PASO en los próximos comicios nacionales. En La Libertad Avanza sostienen que esa es la prioridad de la reforma política y aseguran que impulsarán esa modificación «a fondo».
La propuesta en estudio contempla que varias listas de candidatos a diputados nacionales, senadores —cuando corresponda— e incluso gobernadores puedan competir bajo una misma candidatura presidencial. De esta manera, los partidos aliados que acompañen una eventual reelección de Milei podrían presentar listas propias para cargos legislativos sin perder el vínculo electoral con el postulante presidencial.
En la práctica, el esquema permitiría la coexistencia de hasta dos listas adicionales, además de la oficialista, para las categorías de diputados y senadores, todas ubicadas bajo el mismo renglón correspondiente al candidato a presidente. Cualquier modificación de este tipo requerirá la aprobación del Congreso.
Desde el oficialismo aclaran que el sistema no constituye una colectora tradicional porque funcionaría con Boleta Única de Papel y tampoco sería una Ley de Lemas, ya que los votos obtenidos por las listas legislativas no se sumarían automáticamente al candidato presidencial. Según explican, existiría únicamente un «arrastre simbólico», sin transferencia de votos entre categorías.
La estrategia parte de la premisa de que Milei no necesita incorporar votos provenientes de sus aliados, mientras que esos espacios sí resultarían favorecidos al compartir la misma línea visual con el Presidente dentro de la boleta.
Sin embargo, dirigentes de partidos aliados, entre ellos el PRO, advirtieron sobre posibles efectos adversos del sistema, especialmente fuera de la provincia de Buenos Aires. Consideran que el mecanismo puede ser funcional en el principal distrito electoral del país, donde ya existe una alianza consolidada entre La Libertad Avanza y el PRO que Cristian Ritondo busca ampliar con otras fuerzas para enfrentar al peronismo.
En cambio, sostienen que en provincias con menor cantidad de bancas en disputa la multiplicidad de listas podría fragmentar el voto oficialista y de sus aliados, dificultando el acceso a escaños tanto en Diputados como, especialmente, en el Senado, donde cada distrito renueva únicamente tres lugares. Esa dispersión, advierten, podría terminar beneficiando a espacios opositores que concurran con una oferta unificada.
La iniciativa también prevé la posibilidad de que los gobernadores adhieran al mismo esquema cuando sus elecciones coincidan con las nacionales, aunque para ello deberían existir leyes provinciales que habiliten esa modalidad, decisión que dependerá de cada mandatario. En la Casa Rosada consideran que esa alternativa podría influir además en el calendario electoral de las provincias.
Desde el Ejecutivo aseguran que la propuesta no responde a una necesidad electoral del Presidente, sino a la construcción territorial de sus aliados, ya que permitiría negociar el encabezamiento de listas sin necesidad de disputar internas abiertas contra La Libertad Avanza.
Ese criterio ya habría sido analizado en conversaciones entre la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo. Según fuentes de la negociación, si no existiera acuerdo sobre quién encabezará las listas, una eventual competencia interna podría resolverse mediante este nuevo sistema, evitando una PASO tradicional.
La aprobación de la reforma dependerá, en gran medida, del respaldo de los gobernadores radicales y de la Unión Cívica Radical en el Congreso. El proyecto requiere mayorías especiales: 129 votos en Diputados y 37 en el Senado, donde el bloque radical cuenta con diez legisladores considerados determinantes para alcanzar ese número.
Uno de los aspectos aún sin resolver es la continuidad del casillero de «lista completa» dentro de la Boleta Única de Papel. El Gobierno había insistido este año con incorporar esa opción, pero ahora algunos negociadores consideran probable que sea eliminada, ya que perdería sentido si un mismo candidato presidencial apareciera acompañado por distintas listas legislativas. Otra alternativa que se analiza es que existan varios casilleros de «lista completa», uno por cada partido aliado, permitiendo al elector optar entre distintas versiones de una misma candidatura presidencial.
La reforma política enviada por el Poder Ejecutivo al Senado el 22 de abril comprende 78 artículos y no se limita a la eliminación de las PASO. También incorpora el proyecto de Ficha Limpia y modificaciones a la Ley Orgánica de los Partidos Políticos.
El oficialismo estima que la eliminación definitiva de las primarias permitiría un ahorro cercano a los 300 millones de dólares, uno de los principales argumentos con los que busca sumar respaldo entre los bloques dialoguistas. En La Libertad Avanza sostienen además que, si logran suspender las PASO en 2027 y fortalecen su representación legislativa tras esas elecciones, impulsarán posteriormente su derogación definitiva.
Las definiciones sobre alianzas, candidaturas y el formato final de la boleta quedarían para después del receso político generado por el Mundial de Fútbol, disputado entre el 11 de junio y el 19 de julio. En el oficialismo prevén que las negociaciones cobren intensidad desde agosto y aspiran a que la reforma quede sancionada entre ese mes y las primeras semanas de septiembre.
Otro de los capítulos aún en discusión es el financiamiento de los partidos políticos y la regulación de su composición interna, aspecto sobre el cual el Gobierno considera que existen mayores posibilidades de alcanzar consensos parlamentarios.
También permanece abierta la definición sobre el futuro del Parlamento del Mercosur (Parlasur), un punto que reviste importancia técnica para el rediseño de la Boleta Única. Con las categorías de presidente y vicepresidente, diputados, senadores y las dos columnas correspondientes al Parlasur —por distrito y por representación nacional—, el modelo actual supera el ancho máximo de 0,75 metros previsto para la impresión.
Según el diagnóstico oficial, ninguna imprenta argentina cuenta con capacidad para producir boletas de esas dimensiones, por lo que, de mantenerse ese formato, sería necesario licitar el servicio en el exterior. Dado que los tiempos de producción son ajustados, esos procesos deberían iniciarse durante el último trimestre de este año para garantizar la disponibilidad de las boletas en las elecciones de octubre de 2027.
Si finalmente prospera la reforma, el oficialismo impulsa además que los representantes argentinos ante el Parlasur vuelvan a ser designados de manera indirecta por el Congreso Nacional entre los legisladores electos, un mecanismo que, según afirman en la Casa Rosada, reúne consenso suficiente para avanzar./Contexto
