La investigación por el brutal asesinato de Marta Azucena Migliorini, la mujer de 67 años que fue torturada y asesinada en su vivienda del barrio Aeropuerto de Banda del Río Salí, dio un importante paso judicial este sábado. El Ministerio Público Fiscal imputó formalmente a los cinco sospechosos detenidos por el delito de homicidio triplemente agravado, una de las figuras penales más severas previstas en el Código Penal, y consiguió que la Justicia ordenara cinco meses de prisión preventiva para los cuatro acusados mayores de edad, mientras que el quinto imputado, un adolescente de 17 años, permanecerá alojado durante el mismo plazo en el Instituto «Cura Brochero», dentro del complejo de Benjamín Paz.
La audiencia de formulación de cargos se desarrolló durante casi siete horas y estuvo encabezada por la jueza de la causa, quien rechazó todos los planteos formulados por las defensas técnicas, avaló la teoría presentada por la Fiscalía y ordenó el inmediato traslado de los imputados a las unidades penitenciarias correspondientes.
La investigación es llevada adelante por la Unidad Fiscal de Homicidios II, que dirige el fiscal Carlos Sale, mientras que durante la audiencia la acusación fue sostenida por el auxiliar fiscal Miguel Fernández, quien presentó las primeras evidencias recolectadas desde el hallazgo del cuerpo y solicitó las medidas de coerción que finalmente fueron concedidas.
Los imputados son Wilson Ángel Palacios (21), Eduardo Daniel Santucho (26), alias «Chueco», Elías Gerez (18), Marcos Omar Suárez (19) y un adolescente de 17 años, quienes fueron acusados como presuntos coautores del delito de homicidio triplemente agravado por ensañamiento, alevosía, concurso premeditado de dos o más personas y criminis causa.
La Fiscalía sostuvo que existen elementos suficientes para acreditar, en esta etapa inicial del proceso, que los cinco participaron de manera conjunta en el ataque que terminó con la muerte de Migliorini y argumentó que la gravedad del hecho, la expectativa de pena y los riesgos procesales hacían imprescindible mantenerlos privados de la libertad mientras avanza la investigación.
Según la teoría del caso presentada por el Ministerio Público Fiscal, el crimen ocurrió entre el 2 y el 3 de julio, cuando los cinco imputados, junto a otras personas que todavía no fueron identificadas, llegaron hasta la vivienda de la víctima con el objetivo de apoderarse de sus bienes.
Una vez dentro del domicilio, redujeron a Migliorini atándole los tobillos con una correa y comenzaron a inmovilizarla mientras le comprimían el cuello utilizando cables, un prolongador eléctrico y un cinturón.
Para la Fiscalía, los agresores actuaron con la intención de asegurar el robo y garantizar su impunidad evitando ser reconocidos por la víctima. En ese contexto, sostienen que le provocaron un sufrimiento absolutamente desproporcionado antes de causarle la muerte.
La acusación señala que Migliorini sufrió un traumatismo de cráneo, múltiples heridas punzocortantes en el cuello y además el aplastamiento del antebrazo izquierdo mediante un tablón de madera, lesiones que fueron ocasionadas cuando aún permanecía con vida y que constituyen uno de los fundamentos de la agravante por ensañamiento.
Tras consumar el homicidio, los acusados escaparon llevándose distintos objetos pertenecientes a la mujer. La investigación todavía trabaja para determinar con precisión todo lo sustraído, aunque entre los elementos robados figura la llave del Volkswagen Polo Track de la víctima.
El crimen fue descubierto durante la tarde del viernes, cuando un sobrino de Migliorini decidió dirigirse hasta su vivienda preocupado porque ningún familiar lograba comunicarse con ella desde hacía varias horas.
Al llegar encontró una situación extraña. Las luces permanecían encendidas, el automóvil seguía estacionado frente al domicilio y el teléfono celular sonaba dentro del vehículo. Después de comprobar que nadie respondía, ingresó por la parte posterior de la casa y encontró a la mujer tendida sobre el piso sin signos vitales, por lo que dio aviso inmediato al 911.
Los médicos del servicio de emergencias confirmaron que la víctima llevaba varias horas fallecida, mientras que los peritos de Criminalística comenzaron a trabajar sobre una escena que el propio fiscal Carlos Sale calificó como una de las más violentas que le tocó investigar.
Mientras los especialistas realizaban las primeras pericias dentro de la vivienda, otro grupo de investigadores comenzó a entrevistar a vecinos del barrio.
Los testimonios permitieron establecer que durante la madrugada había sido visto un joven saliendo del domicilio de Migliorini. Esa información orientó rápidamente la investigación hacia Wilson Ángel Palacios, quien llamativamente permanecía observando el procedimiento policial junto a otros vecinos.
Según el informe oficial, al advertir la presencia de los efectivos intentó retirarse e ingresar rápidamente a su vivienda, aunque fue interceptado y sometido a una requisa.
Allí apareció el elemento que cambió por completo el rumbo de la investigación: ocultas entre sus prendas llevaba las llaves del Volkswagen Polo perteneciente a la víctima, una evidencia considerada determinante para vincularlo con el crimen.
De acuerdo con las actuaciones policiales, tras ese hallazgo Palacios realizó una manifestación espontánea en la que habría reconocido su presencia en el lugar de los hechos y señaló que otras personas también habían participado del ataque. A partir de esa información, la Fiscalía ordenó una serie de operativos que durante la misma madrugada permitieron detener a Elías Gerez, Marcos Omar Suárez, al adolescente de 17 años y posteriormente a Eduardo Daniel Santucho, alias «Chueco».
Aunque los cinco sospechosos ya fueron formalmente imputados y quedaron privados de la libertad, la causa se encuentra en plena etapa de investigación. Los fiscales intentan determinar con precisión cuál fue el grado de participación de cada uno de los acusados, establecer si efectivamente intervino una sexta persona, como surgió de las primeras declaraciones incorporadas al expediente, reconstruir minuto a minuto la secuencia del ataque y completar el inventario de todos los bienes robados del domicilio de Migliorini. Las medidas de coerción dispuestas por la Justicia otorgarán a la Fiscalía un plazo de cinco meses para profundizar la investigación y reunir las pruebas necesarias antes de solicitar la elevación de la causa a juicio.
Fuente: Contexto