El horror se hizo presente entre las rejas de la comisaría de Los Pocitos, donde un interno murió tras ser brutalmente torturado durante al menos cuatro horas por otros tres detenidos, en un caso que destapó no solo una escalofriante escena de violencia carcelaria, sino también una posible cadena de encubrimientos policiales.
Víctor Hugo Herrera (39), condenado por un delito contra la propiedad y con fecha de liberación fijada para el 5 de junio, fue hallado inconsciente en su celda el 1 de junio y falleció al día siguiente en el hospital Padilla.
Durante la audiencia de formulación de cargos, el fiscal Carlos Sale imputó a Jesús Biza, Juan Luna y Nelson Jerez —dos de ellos con condenas previas y uno procesado— por el delito de homicidio agravado por alevosía y lesiones agravadas.
Según la investigación, los agresores atacaron a Herrera mientras dormía bajo el efecto de 15 pastillas psicotrópicas. La motivación: una venganza por el supuesto robo de más de 40 comprimidos en una celda de apenas 4×4 metros, donde convivían 19 internos.
La auxiliar de fiscal Luz Becerra brindó un relato estremecedor sobre la secuencia de hechos que condujo al crimen. Según los testimonios recabados por el Ministerio Público Fiscal, los imputados primero agredieron a otro detenido, Gastón Frías, y luego descargaron su furia sobre Herrera, a quien arrastraron hasta la letrina del calabozo para iniciar la tortura.
Allí le tatuaron con un artefacto casero la palabra “rata” y un pene en la espalda, lo quemaron con un lanzallamas improvisado, lo electrocutaron con un calentador y lo golpearon en reiteradas ocasiones. Luego, le cortaron el rostro y le enviaron una foto a su familia con la leyenda “El Guasón de Villa Mariano Moreno”.
“El nivel de sadismo fue inhumano”, afirmó Becerra. “Herrera estaba absolutamente indefenso por el efecto de los psicofármacos. Los testimonios son coincidentes y detallan una tortura sistemática que duró horas”, agregó. A su vez, la funcionaria remarcó que el foco de la causa también se orienta hacia la Policía de la comisaría de Los Pocitos, al cuestionar cómo ingresaron drogas al calabozo y cómo los uniformados no advirtieron los gritos, el olor a quemado ni los movimientos sospechosos.
El querellante Javier Lobo Aragón (h) se sumó al reclamo: “La celda donde ocurrieron los hechos está ubicada justo frente a la guardia. Es imposible que nadie haya visto u oído algo”. Su padre, el abogado Javier Lobo Aragón (p), agregó que se aguardan peritajes para determinar si Herrera fue además víctima de abuso sexual.
Los defensores públicos de los acusados —Marta Contreras Cuenca, Sofía Anadón y Jorge Quilez Sáenz— no sólo se opusieron a la prisión preventiva solicitada por el MPF, sino que advirtieron que las entrevistas a los testigos se realizaron en condiciones irregulares, sin trasladarlos a otras unidades ni garantizar que no fueran presionados por los mismos policías que podrían haber encubierto el crimen.
La jueza Elizabeth Raddi validó la acusación y ordenó prisión preventiva por seis meses para los imputados. También destacó la extrema gravedad del caso y el estado de indefensión de la víctima. Si se confirma la calificación legal, los acusados podrían ser condenados a prisión perpetua.
La investigación continúa abierta, con la lupa puesta sobre los efectivos de la dependencia, mientras Tucumán vuelve a quedar en el centro de la escena nacional por un nuevo caso de violencia institucional y negligencia policial tras las rejas.