El ministro de Economía, Luis «Toto» Caputo, reclamó este martes una ley que castigue a los periodistas que publican información sin sustento. «Pareciera que para ciertos periodistas, mentir es un derecho adquirido», lanzó el funcionario de Javier Milei en un extenso mensaje en el que cruzó al periodista Beto Valdez, que en X lo vinculó con un presunto negociado millonario del control de los surtidores.
«Nunca en mi vida escuché ni siquiera hablar de un grupo Lenor, ni de un empresario Made. Pero pareciera que para ciertos periodistas, mentir es un derecho adquirido. La justicia debería actuar. Necesitamos una ley que castigue este tipo de conductas. No es razonable que alguien escriba cosas sin ningún tipo de sustento y no tenga consecuencias», lanzó Caputo.
Más temprano, el funcionario que lidera el equipo económico del Gobierno había cruzado al diario La Nación por un informe sobre los ataques del presidente Milei contra el periodismo. «El título debiera ser exactamente el opuesto: Recrudece el ataque DEL periodismo. Un sector del periodismo se atribuye el derecho a mentir e injuriar, pero nosotros no debemos enojarnos ni exponer sus calumnias», escribió el ministro.
En su mensaje, Caputo mostró una página de la edición del diario La Nación con el título: «Recrudece el ataque al periodismo: más de 300 mensajes con insultos y acusaciones sin pruebas». Milei apoyó y replicó el mensaje de Toto retitulando al medio. «EXPONIENDO A LAS MIERDAS MENTIROSAS CON MICRÓFONO«, lanzó.
El enojo de Caputo apuntó contra el periodista Beto Valdez, que en su cuenta de X publicó una nota en la que señala al ministro y su par de desregulación, Federico Sturzenegger, como los gestores de una «privatización exprés» a manos de un supuesto empresario amigo de ellos, al impulsar la desregulación del control de los surtidores de combustible.
La verificación de surtidores de combustible estuvo hasta fines de 2025 a cargo del INTI, pero el gobierno decidió transferir el servicio a laboratorios privados. Sturzenegger celebró la medida en su momento y aseguró que se buscó tener subsidios del contribuyente a las grandes petroleras y poner un fin al monopolio legal del INTI sobre la verificación en metrología.
Valdez sostuvo en su posteo en esa red social que ese negocio millonario fue quitado de la orbita del INTI por Sturzenegger «para dárselo a un empresario muy cercano a Toto Caputo». Dice textual: «Voceros de la oposición legislativa y expertos en el sector coincidían en señalar que el millonario traspaso del control de los surtidores de combustible a manos privadas constituye un caso testigo de privatización exprés y ‘capitalismo de amigos'».
Igual que Caputo, Sturzenegger también desmintió la información. «Yo tampoco nunca escuché de dicho grupo @LuisCaputoAR. Supongo que esto debe ser algo así como ‘el ladrón ve a todos de su misma condición‘. Tantos años usaron el Estado para armar sus negocios que no pueden creer que venga alguien simplemente a hacer las cosas que están bien», dijo.
«En este caso, simplemente eliminamos un subsidio que el Estado le imponía a los contribuyentes en beneficio de las grandes petroleras para bancar controles que debían hacer ellas mismas. Esa es otra del progresismo: bajo una falsa pretensión te arman un negocio a costa del pueblo. Por suerte llegó @JMilei», agregó.
Según pudo saber Clarín, Luis Caputo no habló con Javier Milei sobre una posible ley para sancionar periodistas antes de hacer su posteo. Sin embargo, el jefe de Estado apoyó su publicación con un efusivo mensaje: «DESENMASCARANDO MENTIROSOS«, escribió en X al replicar el posteo de su ministro.
Durante el gobierno de Carlos Menem se derogó la ley que implementaba el desacato contra los periodistas, entre otras medidas, para fortalecer la libertad de Expresión luego de la dictadura.
Luego, durante el gobierno de Cristina Kirchner, por una recomendación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el caso Kimel, se derogó el delito de calumnias e injurias contra periodistas en cuestiones de interés público.
De todos modos, sigue vigente la posibilidad de que el ministro Caputo o cualquier ciudadano inicie una demanda civil por daños y perjuicios en el fuero civil contra periodistas.
Las leyes que rigen en Venezuela, Bolivia y Cuba
En mayo de 2023, Cuba aprobó una ley de medios que no contempla la existencia de medios independientes, muchos de ellos surgidos con la llegada de internet a la isla.
La norma especifica que los medios sólo pueden pertenecer al Estado o a asociaciones reconocidas -como la central sindical- o ser comunitarios y que en todo caso, su objetivo nunca será subvertir el orden socialista y deberán estar registrados en una entidad estatal. El régimen de La Habana castiga las conductas que instigan a «la ciberguerra».
En Cuba también rige la Ley Mordaza, de 1999, bajo el título oficial «Protección a la Independencia Nacional y la Economía de Cuba», que penaliza la colaboración con Estados Unidos. Con los argumentos de esa ley, decenas de periodistas fueron encarcelados en la isla y sólo la presión pública internacional logró su liberación.
En Venezuela, en tanto, «subsiste un marco normativo que restringe de manera indebida el ejercicio de la libertad de expresión, asociación y reunión pacífica, a través de leyes como la ‘Ley contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia‘», entre otras disposiciones, indicó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Por su parte, Nicaragua «ha transitado hacia un modelo abiertamente totalitario bajo el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo», según indicó la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP). «La aprobación de reformas constitucionales y de la Ley N.º 1234 en febrero de 2025 consolidó un sistema de poder absoluto, institucionalizando la censura y profundizando la persecución contra voces críticas, incluyendo la privación de nacionalidad», informó esa entidad.
En Rusia existen castigos contra quienes difundan «información deliberadamente falsa» sobre las Fuerzas Armadas, así como para quien las «desacrediten». También está vigente la ley contra el terrorismo, utilizada «para silenciar la disidencia», detalló Marie Struthers, directora de Amnistía Internacional para Europa Oriental y Asia Central.
«La comunidad internacional debe intensificar sus esfuerzos para apoyar y proteger las iniciativas rusas contra la guerra y a los ciudadanos y ciudadanas de Rusia que siguen oponiéndose a ella», añadió Struthers.
Y en Bolivia «los periodistas, considerados como molestos, son objeto del ensañamiento judicial. En virtud del Decreto Supremo 181 de 2009, los periodistas que ‘mientan’, ‘hagan política partidista’ u ‘ofendan al gobierno’ pueden verse privados de los ingresos provenientes de la publicidad estatal», señala Reporteros sin Fronteras.
Fuente: Clarín