El nivel de morosidad ya afecta a casi seis millones de personas en la Argentina y no pareciera haber una solución a la vista. El deterioro del poder adquisitivo salarial, la baja del empleo formal y las elevadas tasas de interés complican el panorama, y hay algunos segmentos que sufren esta situación más que otros.
Un trabajo elaborado por la consultora LCG basado en la Central de Deudores del Banco Central (BCRA), muestra que el foco principal del problema está en los adultos de entre 30 y 70 años.
Aunque los jóvenes muestran mayor penetración en plataformas digitales e inciden en la cantidad de operaciones, el grueso del problema estructural reside en aquel segmento. Para quienes se encuentran en esa franja etaria, el atraso en las deudas se da, sobre todo, ante la imposibilidad de sostener los gastos fijos del hogar.
Otras mediciones del sistema crediticio ratifican esta diferencia según la edad y la franja de riesgo. Según un relevamiento de Equifax, las brechas de cumplimiento entre generaciones son notorias. Mientras que la llamada Generación Silenciosa encabeza el índice de cumplimiento de pago con un 92,2%, los sectores más jóvenes registran la tasa de pago más baja (68,8%).
Sin embargo, datos del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) detallan que, si bien la morosidad bancaria alcanza su pico en los tramos más jóvenes, muestra un descenso progresivo a medida que avanza la edad de los usuarios: en los bancos cae por debajo del promedio a partir de los 40 años, mientras que en las billeteras virtuales recién desciende del promedio general después de los 50 años.
Un estudio del Centro de Estudios para la Ciudad (CEC) resalta que en la franja intermedia (30 a 49 años) un 38,4% de los endeudados destina más de la mitad de sus ingresos mensuales exclusivamente al pago de deudas. A esto se suman las cifras de Provincia Microcréditos (basadas en datos del BCRA, la ANSES y la Encuesta Permanente de Hogares), que exponen el impacto extremo en los adultos mayores.
Un 44,6% de las personas en edad jubilatoria tiene deudas activas (más de cuatro millones de personas), con una morosidad que se triplicó al pasar del 4,1% al 11,4%, empujando a más de 450.000 jubilados a la irregularidad por la urgencia de financiar bienes esenciales como alimentos y medicamentos.
Esta urgencia constante alteró los hábitos cotidianos de la población adulta. Ante la falta de acceso a refinanciaciones sostenibles -provocada por entidades financieras que aplican márgenes (spreads) elevados para cubrir la irregularidad de sus carteras-, las familias recurrieron de forma masiva a las tarjetas de crédito para diferir compras básicas. Entre 2023 y 2026, la proporción de hogares que financia la compra de alimentos en supermercados mediante este mecanismo saltó del 37% al 44%.
A nivel general, la Central de Deudores del BCRA muestra que un 28% de las personas físicas endeudadas se sitúan en las categorías 3 a 5 de irregularidad. El 24,7% de los préstamos registra atrasos, mientras que la mora total sobre los montos prestados se ubica en el 18%.
Esta cifra desciende al 15,3% si se analiza únicamente la banca tradicional, evidenciando que el incumplimiento golpea con mayor fuerza a los créditos de baja volumen colocados por entidades no bancarias y fintech, donde la mora roza el 20% en montos menores a los $ 50.000.
Con la mira puesta en resolver la situación de los adultos y adultos mayores, LCG indica que una medida positiva sería que el BCRA agilice el retorno a la categoría normal sin exigir porcentajes previos de pago, además de eliminar el arrastre automático de las calificaciones negativas hacia otras entidades del sistema.
Fuente: Clarín